La Oficina Municipal contra el Fraude y Corrupción abrió ayer un expediente para tratar de esclarecer "quién estuvo involucrado en el contrato que la EMT adjudicó el 14 de junio de 2019 para la ejecución de las obras de conservación, mantenimiento y adecuación a la normativa del Centro de Operaciones de Fuencarral".
Fuentes del Consistorio han trasladado a un medio de comunicación que el contrato asciende a los 5.058.294,50 euros, sin IVA y que fue adjudicado tan solo 24 horas antes de que José Luis Martínez-Almeida conformara el nuevo Gobierno municipal y se hiciese con el bastón de mando.
En el documento oficial de la comisión delegada consta que la adjudicación fue firmada por la que en aquel entonces era la Delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés; el exgerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia y, finalmente, el secretario José Luis Carrasco.
De esta manera, lo que ha solicitado la Oficina Antrifraude ha sido información. Sobre todo, para conocer qué empleados estuvieron involucrados en el contrato y datos específicos de Pablo Pradillo, el trabajador de la EMT que solicitó la suspensión de su contrato por mutuo acuerdo con la empresa pública desde el 1 de enero de 2019.
El empleado habría recibido más de 150.000 euros de una constructora por ayudarle a conseguir el contrato de Fuencarral
Los sospechoso es que se acordó entre ambas partes la reincorporación del empleado de la EMT en un plazo de 3 años. Todo ello con la misma categoría, salario y condiciones. Este mismo empleado habría recibido 150.000 euros tras conseguir el contrato de Fuencarral.
La Oficina Antifraude quiere saber si se conocía la relación entre la empresa que se llevó la adjudicación y el asesoramiento en el proyecto de Pradillo o qué figura jurídica fue utilizada por la anterior Corporación para que se autorizase que este empleado saliese de manera temporal de la EMT para, posteriormente, incorporarse al tiempo establecido.
Borja Carabante, actual Delegado de Medio Ambiente y Movilidad solicitó ya el pasado martes explicaciones a los mencionados en el contrato. También ha pedido explicaciones a la portavoz de Más Madrid en el Pleno, Rita Maestre, al tratarse de un contrato celebrado durante el último día del gobierno de Manuela Carmena.
"Si se constata que hay indicios de ilícito penal, acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue por prevaricación y malversación de caudales públicos a Inés Sabanés, Jorge García Castaño y Álvaro Fernández Heredia", sentencia Carabante.