Con la necesidad de impulsar la reactivación económica de la región como telón de fondo, el pasado 13 de mayo, la Comunidad de Madrid aprobaba la tramitación del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2001 de Suelo. El Gobierno regional asegura que la modificación urgente del texto pasa por la simplificación administrativa, recogiendo la sustitución de la mayoría de licencias urbanísticas por declaraciones responsables para acortar plazos.
Falta de consenso
A pesar de las bondades expuestas por el Ejecutivo autonómico, esta modificación parcial de la Ley de Suelo no cuenta con el apoyo de todos. Este descontento se plasma en el manifiesto que varias organizaciones ecologistas, entidades sociales y partidos políticos han firmado en contra del planteamiento. En este texto, las organizaciones firmante señalan que la reactivación económica es "la excusa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para emprender esta reforma con carácter urgente y sin las más elementales garantías democráticas de debate y enmienda".
El manifiesto hace referencia al proceso se lectura única mediante el que se está tramitando la modificación, pues, a pesar de considerar necesario establecer una nueva Ley de Suelo, las organizaciones consideran imprescindible garantizar que "los sectores afectados, los grupos políticos, las entidades y agentes sociales así como la ciudadanía en general puedan dar su opinión, para concitar el mayor grado de consenso posible".
Las organizaciones firmantes ven deseable la simplificación y agilización administrativa de la actividad urbanística, aunque no comparten la "enorme incidencia" en la actividad municipal, a nivel administrativo y económico. "El anteproyecto viene a culpabilizar a la administración local por la lentitud y demora en la tramitación de proyectos", señalan en el manifiesto, en el que se asegura que la solución pasa por un aumento de los recursos, que no se contempla "en absoluto" en este anteproyecto.
En el manifiesto se califica de "incomprensible" el hecho de que no se haya compartido la iniciativa con la Federación Madrileña de Municipios para su debate en la Comisión de Urbanismo.
El manifiesto reza que la mayor parte de la actividad constructiva seguirá necesitando obtener las licencias urbanísticas correspondientes
Políticas del ladrillo
Las entidades firmantes consideran que este anteproyecto se traduce en una vuelta "a las políticas del ladrillo". Además, en esta misma línea, señalan que no existe ninguna prueba de que este tipo de desregulación pueda reactivar notablemente la economía, "puesto que la mayor parte de la actividad constructiva seguirá necesitando obtener las licencias urbanísticas correspondientes".
Este parecer comparten Unidas Podemos, Más Madrid, PSOE, IU, EQUO, los sindicatos UGT y CCCO, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la FRAVM y otras entidades sociales y ecologistas, como Ecologistas en Acción. Todos ellos, firmantes del citado manifiesto.