Primer fracaso de la legislatura

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue la encargada de encarar la defensa de un decreto ley que tenía escasas posibilidades de prosperar. La titular de Hacienda expuso la necesidad de apoyar la propuesta del ejecutivo, basándose en que los ayuntamientos, según la ley de estabilidad presupuestaria, no pueden disponer de sus remanentes, es decir, sus ahorros, sin incurrir en déficit.

Como alternativa, el Gobierno central propuso a las administraciones locales transferir sus ahorros al Estado y éste se encargaría de hacer las trasferencias a los consistorios. En su hoja de ruta se encontraba transferir 2.000 millones de euros en este ejercicio, 3.000 millones en 2021 y, el resto, se hará efectivo en 10 años. Un planteamiento que no convencía a todos los alcaldes, lo que desató la discordia en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).