Poco ha tardado en polemizarse la nueva subcontrata de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria. La beneficiaria de los más de 800.000 euros para dar un servicio de apoyo a la campaña de vacunación contra la Covid-19 ha sido en esta ocasión Cruz Roja.
Los sindicatos no han tardado en responder a esta noticia. Desde SATSE, el sindicato de Enfermería, han indicado que es una actividad que puede realizarse “perfectamente y a menor costo por la Sanidad Pública”.
Así mismo, ha continuado diciendo que “El Gobierno ha decidido contratar con la Cruz Roja un servicio que podrían realizar los centros de salud si se les dotase correctamente. El consejero ha dado 800.000 euros para que se contraten 12 enfermeras/os que se encarguen de vacunar contra la Covid. Con ese mismo dinero, si quisieran, podrían contratar a más de medio centenar de enfermeras en los centros de salud de la Comunidad de Madrid que, además de vacunar, podrían ofrecer otros servicios sanitarios a la comunidad a través de las Consultas de Enfermería”.
El Gobierno de Ayuso riega de dinero a las empresas privadas mientras abandona todos los eslabones de la Sanidad Pública
En esta misma línea, UGT Madrid ha expuesto que “Ahora los gestores de Madrid anuncian que pondrán todos los medios necesarios públicos y privados para vacunar frente a COVID 19 y han decidido desviar otros más de 800 mil euros para que una organización privada lo haga como marca su hoja de ruta habitual. Detrás vendrán otros”.
CCOO Sanidad va un paso más allá indicando que es: “vergonzoso que el Gobierno de Ayuso esté dilapidando el dinero de los fondos COVID-19 que recibe del Estado en: pagar a empresas privadas para la construcción de un hospital innecesario como el “Enfermera Isabel Zendal”, con un desvío presupuestario que supera los 100 millones de sobrecostes; en el hospital de campaña de IFEMA que estuvo abierto poco más de un mes y tuvo una inversión millonaria; la privatización de los ínfimos e insuficientes servicios de rastreo; la adjudicación a empresas privadas de la realización de pruebas PCR y test de antígenos en la región; la contratación de hoteles privados para alojar a enfermos de COVID mientras que en los hospitales públicos madrileños permanecen cerradas más de 3.000 camas de hospitalización y cuidados críticos; y en el último episodio de privatización de la campaña de vacunación por el que se desembolsará casi un millón de euros”.
Según el sindicato, “Con este dinero el SERMAS podría contratar durante seis meses (lo que dura el contrato), 28 enfermeras y 28 TCAE, más del doble de personal que aporta la empresa privada para suministrar las vacunas”. Además, denuncia que “el Gobierno de Ayuso riega de dinero a las empresas privadas mientras abandona todos los eslabones de la Sanidad Pública y rescinde los contratos de los profesionales contratados para refuerzo COVID, entre los que se encuentran los que han sido traslados forzosos al hospital Isabel Zendal, si estos se han contagiado por el coronavirus”.
Finalmente, UGT ha concluido en su nota de prensa reiterando que: “Los caprichos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso están produciendo efectos demoledores sobre el sistema sanitario y es ya imprescindible que se deje de jugar con el dinero público, con los profesionales y con la salud de los madrileños”.