El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en su sesión de febrero declarar el unánime respaldo a la candidatura de Madrid para albergar la sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).
Una iniciativa por la que se ha acordado solicitar al Gobierno de la nación que realice las gestiones oportunas ante las instituciones europeas para que formalice y defienda esta candidatura y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a que la promueva.
La declaración institucional aprobada recoge que esta candidatura es “una oportunidad única para Madrid y para España”.
En concreto, “la ciudad de Madrid reúne condiciones técnicas, geográficas, demográficas, laborales, sociales y culturales excepcionales para hacerla merecedora a convertirse en la sede de la nueva Autoridad Europea”, expone el documento.
La capital “cuenta con unas infraestructuras digitales y de transporte de vanguardia y una de las mejores redes de transporte público de Europa”, a lo que se suma “una amplia oferta formativa universitaria y de escuelas de negocio que la convierten en uno de los principales polos de talento de todo el continente europeo”.
La ciudad de Madrid reúne condiciones técnicas, geográficas, demográficas, laborales, sociales y culturales excepcionales para hacerla merecedora a convertirse en la sede de la nueva Autoridad Europea
Sede operativa en 2024
El Consejo de la Unión Europea acordó el 29 de junio de 2022 crear una autoridad europea con el fin de impulsar el funcionamiento eficiente del marco de la Unión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El 26 de octubre de ese mismo año, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció la decisión de presentar la candidatura de Madrid como sede para albergarla.
Esta autoridad tendrá competencias en tres materias fundamentales: la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de prevención, blanqueo y financiación del terrorismo; la coordinación de las unidades de inteligencia financiera de los distintos estados miembros, y el desarrollo normativo en estos dos ámbitos.
Además, será una agencia con perspectivas de crecimiento, con una estimación inicial de 250 trabajadores, que atraerá un alto volumen de negocio en la zona en la que finalmente se asiente. La previsión es que la decisión pueda adoptarse durante este ejercicio y la sede esté operativa en 2024.