Asociaciones como Ecologistas en Acción, la Plataforma Zona Norte, la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo (DM) se han movilizado para detener el proyecto Madrid Nuevo Norte. Juntos han presentado más de 3.500 alegaciones al proyecto Madrid Nuevo Norte al detectar incompatibilidades legales y exigen, por ello, que se paralice la tramitación del plan. 

Batiendo récords

Una cifra que ha conseguido superar a las 2.200 que ya se registraron en 2015 con la Operación Chamartín. Según las alegaciones presentadas, el Estudio Informativo del Ministerio de Fomento para el nuevo complejo de la estación Chamartín es incompatible con la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa a Madrid Nuevo Norte, en lo que se refiere al volumen de superficie o los usos comerciales. Incompatibilidades que, a priori, "deben implicar la suspensión del proceso de aprobación en Pleno", señalan desde Ecologistas en Acción. 

Los colectivos sociales insisten, también, en sus alegaciones "la falta de transparencia y participación que ha acompañado a todo el proceso de gestación y desarrollo de Madrid Nuevo Norte", y rechazan el gigantismo de Madrid Nuevo Norte, que se concreta en "un volumen desmedido de rascacielos, viviendas y oficinas". Además, puntualizan que el proyecto incluye "un paquete de vivienda social inferior al mínimo legal en suelo urbanizable e infla las expectativas de demanda de suelo terciario para justificar el centro de negocios". Una característica que, lejos de resolver los problemas de movilidad, "los agrava". 

El objetivo de este plan es conseguir llegar a un 80% de desplazamientos mediante formas sostenibles de movilidad y solo un 20% por coche privado / Imagen: Madrid Castellana Norte

Reequilibrio real de la ciudad

Por todo ello, las diferentes plataformas solicitan al propio Ayuntamiento de Madrid la paralización de la tramitación de este megaproyecto y, como solución, comenzar con un proceso de diálogo con los colectivos vecinales y sociales con el objetivo de "mejorar la operación urbanística, convirtiéndola en un instrumento para el reequilibrio real de la ciudad".