El Pleno de Cibeles ha aprobado el texto definitivo de la nueva Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Madrid (OLDRUM). El objetivo de este proyecto llevado a cabo por el área de Desarrollo Urbano es crear más actividad económica, servicios y oferta, así como facilitar la rehabilitación del parque inmobiliario y la regeneración urbana en la ciudad gracias a una mayor agilidad jurídica y de la tramitación.
Este proyecto ha sido sometido a consulta pública donde se ha impulsado la escucha activa y el diálogo con los diferentes agentes. Además, incorpora una enmienda transaccional del Grupo Municipal Vox y varias enmiendas del Grupo Municipal Socialista, como respuesta a una demanda histórica, tanto de los profesionales como de la sociedad. Mariano Fuentes ha definido la nueva norma como "una pequeña gran revolución, la primera vez que apostamos por simplificar a normativa en vez de complejizarla, por adaptarnos a los tiempos de manera proactiva en lugar de esperar a que sea inevitable, por estar al lado y no enfrente de los ciudadanos”.
Actualmente, son dos las ordenanzas que regulan estas licencias: la Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU, 2004) sobre edificación y la de la Apertura de Actividades Económicas (OAAE,2014). Desde el Ayuntamiento trasladan que, "en la práctica se había puesto de manifiesto la necesidad de unificar estas normas en una única para dar un criterio homogéneo y mejorar la coordinación de los servicios municipales".
El texto hace hincapié en la colaboración público-privada y en un mayor papel de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que tendrán un reglamento específico, aprobado en el Pleno. Se pretende "recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración después de años en los que han visto al Ayuntamiento como un obstáculo mas que como un agente facilitador".
Ha llegado el día de hacer las paces, administrativamente hablando, entre el Ayuntamiento de Madrid y los ciudadanos, y de cumplir otra promesa electoral, la de una nueva Ordenanza que borre las complicaciones administrativas que lastran la actividad de emprender, de crear, de construir en nuestra ciudad - Mariano Fuentes
Así, el texto cuenta con 83 artículos, un 40% menos de artículos que sus antecesoras. Basada en la simplificación y eficacia, pretende adaptar los tiempos de la administración a los de la sociedad, mejorar la disciplina urbanística, reducir los trámites e incorporar novedades que supondrán una mejora en el funcionamiento de la ciudad.
Entre las medidas destacadas destacan:
La simplificación y reducción de los procesos: Se regulan como únicos procedimientos de control urbanístico el de licencia y el de la declaración responsable. Esta segunda se extiende a determinadas actuaciones residenciales para agilizar pequeñas obras y adaptarla a la modificación de la Ley del Suelo de la CAM.
La licencia básica: Trata de potencias, activar y facilitar la actividad constructiva en las obras de edificación. Asegura el control adecuado y permite a particulares comenzar las obras en un plazo de un mes, mientras se validan el resto de aspectos del proceso.
Adiós a la 'tasa invisible': El sobrecoste que asume el inversor por el retraso administrativo en las tramitaciones se acabó. Así, se reducirá en un 3% el precio de las viviendas, ya que la tasa repercutía en el precio final de los pisos.
Licencias para actividades temporales: Se adapta a las nuevas tendencias de la sociedad, siempre y cuando no afecte a las condiciones de seguridad, medioambientales etc. Se establecen requisitos de autorización de estas actividades en espacios abiertos.
Mejor información y disciplina: Se agiliza la respuesta municipal ante el incumplimiento. "La ordenanza facilita las cosas a aquellos ciudadanos que lo hacen bien, pero se lo pone más difícil a quienes se saltan las reglas del juego perjudicando a todos".
Según el informe anual de la Agencia de Actividades, en el año 2021 entraron 1.282 solicitudes de licencias, un 9 % más que en el año anterior. En cuanto a los tiempos de tramitación, en 2021 se mejoraron con respecto al último año anterior a la pandemia (2019). Así, mientras en 2019 se tardaba de media 196 días en resolver los expedientes, en 2021 se ha pasado a 111 días.