Según ha desvelado el programa “Crónicas Subterráneas” de Telemadrid, las constructoras encargadas de un tramo del soterramiento encargaron la tuneladora dos meses antes del fallo del concurso del Ayuntamiento de Madrid, lo que no se comprende ya que el concurso seguía abierto. En concreto se realizó el pedido en junio de 2004, pero la adjudicación formal se produjo el 12 de agosto de ese año.
Esto ha demostrado un posible delito de alteración de subasta pública cometido por el alcalde en ese momento, Alberto Ruiz-Gallardón y la concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Pilar Martínez. Las constructoras en cuestión eran Ferrovial-Agromán y Necso Entrecanales y Cubiertas, del grupo Acciona, encargó la tuneladora Dulcinea, diseñada específicamente para el trabajo de soterramiento y costaba 45 millones de euros. Es a través de la revista de la empresa que diseñó esta tuneladora, Herrenknecht, que se ha conocido que el encargo se produjo en junio, mes en el que comenzarían a trabajar en este encargo.
Ya se había hablado sobre el sobrecoste de 195 millones de euros, ya que para las obras de soterramiento de este tramo de la M-30 se adjudicaron 331 millones de euros, aunque finalmente aumentaría su coste a los 526 millones. Con respecto a la irregularidad con respecto al encargo de la tuneladora, Ruiz-Gallardón no ha querido declarar nada al respecto, respaldándose en que no se dedica al ejercicio político.
Por su parte, la entonces concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, opta a ser la candidata del PP por Villaviciosa de Odón, y ya cuenta con una sentencia pendiente por un presunto delito de ordenación del territorio por la construcción de unos chalés y piscinas para ella y sus hermanos en un terreno protegido. Además, tanto ella como Ruíz-Gallardón están imputados en el caso Lezo.