No es la primera vez que el 'callejero franquista' se hace con el protagonismo del Pleno de Cibeles. Ya en 2017, con Manuela Carmena con el bastón de mando, el Pleno de Cibeles aprobó renombrar hasta 52 calles de la ciudad tras considerar que estas homenajeaban a figuras del régimen franquista o la sublevación militar de 1936.
Cabe destacar que el único grupo que se abstuvo en aquel momento fue el PP, entre Ahora Madrid, PSOE y Cs, que componían la Cámara.
Así, en 2018 la calle del 'General Millán-Astray', militar español, fundador de la Legión y procurador en las Cortes franquistas entre 1943 y 1954; pasó a renombrarse como 'Justa Freire', en recuerdo a la maestra y pedagoga republicana. Sin embargo, y con el cambio de gobierno en 2019, dos años después, el Consistorio dirigido por Martínez-Almeida retiró la placa.
No es un hecho aislado, puesto que el resto de calles renombradas por Carmena, también fueron 'devueltas' a sus antiguos 'dueños', es decir, a figuras de la dictadura que asoló nuestro país nada más y nada menos que casi cuatro décadas. A pesar de los cambios, muchos vecinos y vecinas de Madrid continúan en lucha por retomar los nombres concedidos en 2017.
Así, la Plataforma Maestra Justa Freire consiguió el apoyo de organizaciones sociales, sindicales, educativas y vecinales para que en el Pleno de Cibeles se debatiese la cuestión a manos de una proposición conjunta de PSOE y Más Madrid. Una iniciativa que, finalmente, no salió adelante por los votos contrarios de los grupos municipales PP, Cs y Vox.
Ahora, desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid denuncian que los concejales que se negaron a este cambio podrían estar "vulnerando" la recién aprobada nueva Ley de Memoria Democrática.
Los nombres franquistas de las calles mencionadas, y la actitud de las y los concejales de la mayoría derechista, son incompatibles con la democracia que defendemos y que proclama nuestro ordenamiento jurídico, y por ello vamos a continuar nuestra lucha para que la dignidad vuelva a nuestras calles e instituciones, asegura la Plataforma Calle Maestra Justa Freire
Desde la Plataforma Calle Maestra Justa Freire recuerdan que la Ley 20/2022 de 19 de octubre de MD lo deja claro en su artículo 35:
“serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. 3. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos"
Desde la FRAVM hacen hincapié en la "insubordinación ilegal" al hablar de un escrito del director de Gabinete de la Presidencia del Pleno del Ayuntamiento, a fecha del 26 de octubre, donde haciendo referencia a las seis calles 'de la discordia' apuntó: "tales denominaciones no guardan relación alguna con el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica", derogada seis días antes ante la nueva normativa.
Rescatan también unas declaraciones de Borja Fanjul, portavoz del grupo popular, al defender la calle "Caídos de la División Azul", al afirmar que "eran voluntarios que fueron a luchar contra la dictadura más sangrienta y salvaje que ha asolado Europa en el siglo XX como es el comunismo".
De esta forma, consideran que se hace apología de la colaboración del régimen franquista con el Tercer Reich y les parece preocupante que 44 años después de la aprobación de la Constitución Española, haya personas que ocupen cargos públicos en instituciones y que "con sus declaraciones y voto se colocan en contra de la ley y de los más elementales valores democráticos".
Sentencian que las designaciones que aún nombran las seis calles y la actitud de los concejales mencionados "son incompatibles con la democracia que defendemos y que proclama nuestro ordenamiento jurídico". Por ello, afirman que van a continuar con su lucha "para que la dignidad vuelva a nuestras calles e instituciones".