Delitos de odio, prevaricación administrativa o dejación de funciones. Estos son los presuntos delitos que Marta Higueras le recriminaba al Consistorio madrileño tras negarse a poner la bandera LGTBIQA+ durante la celebración de las Fiestas del Orgullo 2022. Una decisión del alcalde que, sin duda, no solo fue muy sonada, sino también muy criticada por la izquierda madrileña y por diferentes asociaciones pertenecientes al colectivo.
Ahora, la Fiscalía de Madrid ha archivado esta denuncia de la actual agrupación de electores porque entiende que la decisión "no merece ningún reproche penal·, ya que el Consistorio desarrolló una "intensa actividad institucional". Además, destaca la inclusión de faroles próximas al edificio municipal con pancartas de apoyo, "que junto con los restantes elementos enumerados en el informe de la BPI contribuyeron a dar visibilidad en las fiestas del Orgullo".
De este modo, la Justicia no habría apreciado ninguna actuación discriminatoria en las acciones de la Junta de Gobierno, haciendo referencia a una sesión del Pleno del Ayuntamiento donde se aprobó la proposición de Más Madrid para que se adoptasen medidas, entre las que se incluían ondear la bandera.
La Brigada Provincial de Información realizó un informe, solicitado por la Fiscalía, donde se apuntaba que en las fechas de celebración del Orgullo se desplegaron pancartas en diferentes dependencias municipales: la sede de Ronda de Toledo del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, las Juntas de Distrito de Villaverde, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Hortaleza, Latina, Villa de Vallecas, Retiro, Barajas y Ciudad Lineal.
Se indicó cómo el Consistorio había realizado actividades de patrocinio por un valor de 500.000 entendiendo que se trataba de un "evento de interés turístico para la ciudad".
Ni es delito no colocarla, ni su colocación vulnera la Ley de Banderas. Colocarla o no es una decisión política, no hay excusas para no hacerlo - Marta Higueras
Se recuerda cómo esta festividad es "una campaña para dar visibilidad a las fiestas a través de un mobiliario urbano en 1375 soportales institucionales, que incluían desde marquesinas digitales, banderolas o su instalación en farolas, como lo fueron, entre otras, las ubicadas junto a la Plaza de Cibeles, pantallas de escena encendida y una campaña desplegada en la web y redes sociales".
La Fiscalía, habiendo reunido toda la documentación, ha explicado en el archivo del caso que esta medida era "una acción de apoyo" y que el acuerdo "en principio" no vulneraba la ley de banderas "ni el debe de neutralidad ideológica".
Añade también que "tampoco se produciría con la colocación de la bandera de un equipo de fútbol cuando se festeja un título o con la colocación de una bandera con el color morado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
Marta Higueras, por su parte, ha comentado la decisión judicial en su cuenta de Twitter apuntando que, ahora, la 'pelota' recae en el tejado de Almeida a la hora de colocar o no banderas en la fachada municipal. Cuestión de "una decisión política".