La escultura de Largo Caballero, ministro de trabajo en la Segunda República Española, ha aparecido el pasado sábado con pintadas en el recinto de Nuevos Ministerios con la alusión gráfica "Asesino. Rojos no".
La actuación vandálica ocurre al poco tiempo de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar el nombre callejero de Largo Caballero de la capital sin un previo informe histórico que lo justifique los motivos, nombres de calles entre los que se encuentra en la misma situación el de Indalecio Prieto.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comentado esta actuación en redes sociales "Así ha amanecido hoy la escultura de Largo Caballero en Nuevos Ministerios. Derecha y ultraderecha han utilizado mentiras y manipulaciones históricas para borrar su figura del callejero de Madrid. Ahora, ese desprecio por la memoria cristaliza en vandalismo y violencia incívica", escribía la ministra.
La Policía ha investigado la identificación de los presuntos autores de las pintadas, quienes han sido tres chicos identificados como los responsables. Los agentes indican que las pintadas "se quitarán cuanto antes".
Apoyo de otros partidos políticos
Sin embargo, la formación política de Vox, ha apoyado esta actuación vandálica con una frase "Derogad la Ley de Memoria Histórica. Primer aviso" en su cuenta de Twitter, pronunciación que el ministro socialista, José Luis Ábalos, ha criticado.
La propuesta que presentó Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que fue apoyada por El Partido Popular y Ciudadanos, integra la figura de Largo Caballero como " un sindicalista sanguinario en su trayectoria política" atribuyendole responsabilidad por los asesinatos de Paracuellos del Jarama como miembro del Gobierno republicano.
Cientos de catedráticos, historiadores y profesores universitarios han presentado una petición y análisis para frenar los cambios de las calles de la capital que homenajean la figura de personajes políticos republicanos. Los docentes e historiadores como Antonio Cazorla o José Álvarez Junco ponen como pruebas de error de la conclusión, que se basa en "viejos argumentos pseudohistóricos promovidos por la propaganda franquista" así como la "confusión generada por los mitos enunciados en 1939 por el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936".
Los firmantes del manifiesto ponen encima de la mesa 13 puntos falsos de la proposición de Vox con pruebas documentales como "A diferencia de la nula documentación que se adjunta a la iniciativa de Vox, los profesores e investigadores abajo firmantes declaran estar en condiciones de aportar pruebas documentales de todas las afirmaciones que se hacen en la presente prueba de verificación"