El Grupo Municipal Ciudadanos Majadahonda ha pedido al Pleno la suspensión inmediata del servicio de zona azul ante la falta de contrato en vigor entre la empresa que lo está prestando actualmente y el Ayuntamiento.
En palabras de Ana Elliott, portavoz de Ciudadanos, “llevamos tiempo advirtiendo al Gobierno de la irregularidad que supone que el servicio lo esté prestando una empresa que ya no tiene contrato en vigor para ello y al final hemos tenido que traer el tema al Pleno para denunciar la actitud de la concejala de movilidad quién, aun siendo consciente de la situación desde el primer momento, no ha hecho nada en dos años por solucionar la situación de inseguridad jurídica que esto ha generado a los vecinos”.
“Los ciudadanos seguimos poniendo tickets en zona azul y cuando no lo hacemos nos ponen una multa. ¿Quién las pone? ¿Quién manipula los parquímetros y quién recauda el dinero? A día de hoy lo está haciendo la misma empresa que antes, pero sin contrato, y eso en nombre del Ayuntamiento y con el beneplácito de la concejala de movilidad y de todo el Gobierno, con el alcalde a la cabeza” ha denunciado la edil.
Durante el debate plenario hemos podido escuchar la surrealista intervención de la concejala de movilidad
Durante el debate en el Pleno hemos podido escuchar a la concejala del PP reconociendo que “a nadie se le escapa, que en esta legislatura ha habido retrasos en la tramitación de varios expedientes” y que el expediente para la tramitación de la prórroga de este contrato se quedó “en el limbo” en junio de 2020, pero para indignación de los vecinos y de la Oposición, se ha limitado a pedir disculpas por ello, negando la posibilidad de suspender la prestación del servicio de forma inmediata.
Esto a pesar de las palabras de su compañero de Gobierno, el portavoz de VOX, quien ha manifestado que “la situación es grave y lo sabemos” y ha ido aún más lejos afirmando que “somos conscientes desde junio de este año de un informe de Intervención que defiende que el servicio debe ser interrumpido inmediatamente por ser nulo de pleno derecho”.
¿Qué repercusiones puede tener todo esto? ¿Los ciudadanos pueden recurrir las multas alegando que no existe contrato? ¿Cómo está cobrando el Ayuntamiento lo recaudado por la empresa? ¿Cómo va a afectar todo esto a las arcas municipales? Según Elliott, “todas estas preguntas siguen sin respuesta y la actitud del Gobierno desde hace dos años, junto a la mostrada ayer, negando la suspensión inmediata del servicio, demuestra que lo han hecho mal y que son conscientes de que lo han hecho mal. Con toda la información que se ha hecho pública, sería gravísimo que el Gobierno Municipal mantuviese delegada la gestión del servicio de estacionamiento regulado en una empresa sin contrato en vigor con el Ayuntamiento. Esto no puede seguir así ni un solo día más”, ha zanjado la portavoz liberal.