Dos años llevamos los majariegos pagando por un servicio que no está contratado por el Ayuntamiento. Cada día, cientos de vecinos pagan religiosamente el estacionar su coche en zona azul sin saber si esta recaudación es legal. Quienes no lo pagan reciben unas multas que no está claro si podrán recurrir, ya que el servicio de zona azul y grúa municipal venció en 2020.
Así lo ha denunciado Ana Elliot desde el grupo municipal Ciudadanos a través de una moción que llevó al último pleno y que fue aprobada con el voto a favor de la oposición (Cs y PSOE) y la abstención del equipo de gobierno (VOX y PP).
Un error del gobierno
¿Y qué significa la aprobación de esta moción? Pues a juicio de la portavoz de Ciudadanos, poca cosa, porque “las mociones no se cumplen” en Majadahonda. Y aunque VOX en su discurso plenario dio la razón y admitió que era “una situación irregular”, a la hora de la votación solo se abstuvieron y “la suspensión no ha sido inmediata, a día de hoy siguen sin interrumpir el servicio” afirma Elliot.
La concejala responsable del área, Marina Pont, reconoció en el pleno que la renovación del contrato no se aprobó “debido a la pandemia” y después alegó razones como que la responsable del contrato estaba de baja médica o que el departamento de contratación ha tenido un gran volumen de trabajo. En resumen, Pont pidió perdón por este olvidó arguyendo que "no somos infalibles”. Pese a todas estas explicaciones, para Elliot “no se puede admitir que desde la administración se mantengan servicios sin contrato”.
Para Ana Elliot este es “otro escándalo que tiene que ver con la mala gestión de este equipo municipal al cual le están caducando los contratos sin que se den cuenta y sin que tomen ninguna medida”.
Desde Ciudadanos han llevado la moción para suspender este servicio, “para que la gente se entere y para tomar medidas”. “Es un servicio que no tiene contrato, como mínimo estamos en una situación de inseguridad jurídica”, afirma Elliot.
¿Dónde va el dinero?
La portavoz de Cs pide que se explique “a los ciudadanos dónde va el dinero que están echando en el parquímetro y si las multas que estamos recibiendo son recurribles o no”. En todo caso, hasta que “se determinase qué consecuencias tiene la ausencia de este contrato, que se suspendiese este servicio”.
Ana Elliot explica cómo funciona el contrato de la zona azul de Majadahonda: “Lo que hay es un acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento, por el cual los parquímetros en una primera fase eran de la empresa y cuando venciese ese contrato pasaban a ser del Ayuntamiento”. Ahora estos parquímetros ya son del Ayuntamiento. En el contrato se estipulaba que “la empresa pagaba un canon (de 165.000 euros anuales) por lo que recaudaba en esos parquímetros y eso además se compensaba con los cobros que generaba la gestión de la grúa municipal”. “La recaudación del parquímetro es para la empresa, y el Ayuntamiento recauda toda la parte de la grúa y se supone que una cosa se va compensando con la otra”, explica la portavoz.
Cuando el contrato caduca el Ayuntamiento puede prorrogar o llevarlo a término y licitarlo de nuevo o asumirlo directamente. “Lo que está claro - afirma Elliot - es que había opciones para no dejar ese servicio sin contrato”. A pesar de que no existe ya el contrato, “se sigue actuando como si siguiese estando en vigor: hay un trabajador de esa empresa que todos los días manipula esos parquímetros del Ayuntamiento, recoge el dinerito recaudado y sigue poniendo multas sin que exista una vinculación entre esa empresa y el Ayuntamiento.”
No se puede admitir que desde la administración se mantengan servicios sin contrato
El Ayuntamiento está fuera de la legalidad
“Nosotros seguimos pagando el parquímetro, se siguen pagando las multas, pero el Ayuntamiento no está cumpliendo y está fuera de la legalidad”, afirma Ana Elliot.
Desde Cs piden que hasta que se regularice, se pare este servicio, “porque no sabemos qué consecuencias jurídicas tiene”.
Por su parte, el Ayuntamiento estudia la suspensión del servicio, así lo anunciaron en el Pleno y en una nota de prensa posterior a las declaraciones de Ana Elliot en Televisión Digital de Madrid. Según este comunicado, están “recabando los informes técnicos y jurídicos necesarios para, en su caso, proceder a la suspensión”. En este sentido, en el pleno, la concejala Marina Pont declaró que se pedirá “una revisión de oficio a la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid para que la liquidación de este contrato guarde todas las garantías jurídicas precisas”.