El pasado 29 de marzo se celebró una reunión sobre el desmantelamiento de las líneas de alta tensión, en la cual se daban cita distintos técnicos y regidores de los ayuntamientos implicados: Arroyomolinos, Moraleja de En medio y Móstoles. Este desvío de las líneas eléctricas fue firmado por el anterior gobierno del PP, ligadas al desarrollo urbanístico, aunque el planteamiento fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y avalado por el Tribunal Supremo.
Tras estas reuniones de técnicos, la alcaldesa de Moraleja, Valle Luna Zarza, ha señalado que no ha intentado “retrasar o desentenderme de la actuación prevista”, pero al ser ratificada la sentencia de ilegalidad han decidido “aplazar cualquier tipo de negociación hasta que la Justicia nos despejara el camino a seguir”. Además, ha indicado que se han reunido en varias ocasiones para buscar una solución que se encuentre dentro del compromiso de la mejora del medio ambiente y salud pública.
Además, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arroyomolinos, José Vicente Gil, ha aclarado el error de convocatoria a la reunión, ya que en un principio la empresa REDESA había convocado a los tres alcaldes para una posible firma de acuerdo definitivo sobre la retirada de las torres de alta tensión, aunque en realidad “era solo para los técnicos municipales que designaran los ayuntamientos”. Con ello aclaraba las supuestas declaraciones que realizó sobre el desinterés por los Ayuntamientos de Móstoles y Moraleja.
Las tensiones entre los ayuntamientos implicados se han hecho palpable en la crítica de José Vicente Gil, sobre la gestión que tuvo el anterior alcalde de Móstoles, David Lucas, alrededor de este problema. Pese a las críticas por parte de los entonces concejales del Ayuntamiento de Arroyomolinos, que era el que lideraba el proyecto, la situación sigue alargándose en el tiempo.