Según fuentes del Partido Popular, tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Moraleja, la alcaldesa, Valle Luna, tiene que pagar 1,2 millones de euros a una empresa, la cual ya debería haber pagado al Ayuntamiento alrededor de 290.000 euros de no haberse suspendido el Plan.
Así mismo, los populares afirman que el consistorio pedirá un préstamo de 1,9 millones de euros para poder pagar una serie de sentencias judiciales correspondientes a proveedores a los que se negó a pagar.
Sin embargo, desde Soy-De.com hemos podido hablar con la alcaldesa, quien nos ha aportado documentación para desmentir tales informaciones., así como la sentencia del Tribunal Supremo en la que rechaza el recurso del PP contra la anulación del PGOU. Así mismo, en dichos documentos aparece como el propio Tribunal avala las denuncias que el Equipo de Gobierno actual hizo contra el Plan, algunas de ellas son: "Incumplimiento de las condiciones generales del modelo de crecimiento tal se deduce del Informe de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid de 13 de diciembre de 2010", así como el incumplimiento de parámetros de impacto ambiental o de abastecimiento de agua potable.
Así, tras la anulación del PGOU, correspondiente a una legislatura anterior a la de Valle Luna, el PP arremetió contra su gobierno, acusándoles de ser culpables de esta anulación y de la posterior deuda. Sin embargo, desde el consistorio afirman que "Este equipo de gobierno no ha tenido ninguna responsabilidad ni en su aprobación ni en su anulación", era un plan insostenible, y "ha sido un juzgado el que lo ha declarado nulo", aclarando así las falsas acusaciones de los populares.
Además, la regidora afirmaba que, entre las pequeñas "perlitas" que dejaron los populares, está la enorme deuda generada, una deuda que desde el consistorio están intentando paliar para que "se vean lo menos posible perjudicados", así mismo, de las sentencias que habla el PP, son "Sentencias Judiciales de trabajos realizados por el Partido Popular que se quedaron sin pagar", como por ejemplo, la empresa de "Bemar Instalaciones, Facturas del año 2014, del equipo de gobierno del Partido Popular, principal e intereses 33.097,92€, suministro y trabajos de fontanería", y como este muchos.
Todos estos documentos y afirmaciones ya los presentaron en varios plenos, así como la propuesta de que el Ayuntamiento accediera al Fondo de para la Financiación de Sentencias Judiciales firmes para poder pagar todas esas sentencias anteriores a su gobierno. Una propuesta que fue aprobada por todos los grupos a excepción del propio Partido Popular.
Por parte de los populares, aún no han proporcionado los documentos que abalen tales acusaciones realizadas a la regidora.