El Partido Popular de Móstoles lleva tiempo exigiendo al Gobierno municipal una explicación ante “posibles irregularidades” relacionadas con el cambio de titularidad de la concesión administrativa en la gestión de los servicios funerarios de la localidad. Ya en noviembre, los Populares solicitaban la apertura de un expediente informativo para “conocer los perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, así como para determinar el responsable de haber permitido dicha transmisión, sin la preceptiva autorización que corresponde al pleno”.
Meses después, el PP anuncia que seguirá insistiendo sobre este tema, después de presentar una nueva moción -aprobada por unanimidad-, tal y como ha explicado para Televisión Digital de Madrid y Soy-de el portavoz adjunto del Grupo municipal, Alberto Rodríguez de Rivera: “Hay una irregularidad porque la actividad la está desarrollando, desde 2019, una entidad distinta a la que fue concesionaria. Nosotros nos enteramos en 2020 y al comunicarlo al Ayuntamiento, nos dicen que no tienen conocimiento”, sostiene.
Cambio de titular sin autorización plenaria, sanciones y consecuencias
En noviembre de 2019, el Grupo Albia Gestión de Servicios S.L.U., filial del Grupo Santa Lucia, realizó la compra de la funeraria Tanatorio Móstoles, gestora de los servicios funerarios de la localidad. Un año después, medios de comunicación como Europa Press se hacen eco de una multa de 300.000 € impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a dicha empresa, por no haber notificado la compra de la empresa funeraria mostoleña antes de llevarla a término.
Conforme a la información remitida en su momento por la CNMC, se trata de “una infracción grave” del artículo 62.3.d) de la Ley de la Defensa de la Competencia. Según el PP, el que una empresa desempeñe un servicio municipal, de los recogidos como competencia obligatoria de los Ayuntamientos por la Ley de Bases de Régimen Local, sin la pertinente autorización del Pleno a partir de octubre de 2019 [Desde un mes antes de los hechos aquí acontecidos], supone una irregularidad manifiesta que invalida la concesión, hecho que “incluso puede llegar a tener consecuencias penales”.
“En plena pandemia, con un tanatorio lleno de ataúdes, la gestión partía de alguien que no tenía regularizada la situación”, afirma Rodríguez de Rivera, quien apunta también a que “el cobro de tarifas tampoco han sido autorizadas por el Ayuntamiento”.
Desprendimiento del falso techo de la capilla
La caída de un falso techo en la capilla del tanatorio, si bien no registró daños personales, volvía a poner el foco sobre la posible falta de mantenimiento y revisión de las instalaciones.
“Un falso techo no se cae de la noche a la mañana, máxime cuando es de uso común y prácticamente diario, sin que se detecte una grieta o humedad que haga pensar en que hay que controlar la situación”, incide el portavoz adjunto.
Si esto no se arregla de aquí al pleno de abril, que es cuando han dicho que presentarán la solución definitiva, tendremos que analizar qué actuaciones realizar a través de la vía contencioso-administrativa.
El tema vuelve a ver la luz en sesión plenaria
El Partido Popular preguntó de nuevo sobre esta cuestión en el último pleno ordinario, realizado el pasado 24 de marzo, con el fin de conocer la última hora sobre la situación administrativa del complejo funerario.
La transmisión supuestamente irregular de la concesión podría poner en riesgo, no solo la prestación del servicio, sino la inversión de 1,2 millones de euros para la mejora de las instalaciones comprometidas por el anterior concesionario: “La falta de autorización plenaria ha dado lugar a determinados incumplimientos, como la no realización de determinadas obras de ejecución, pendientes de ejecutarse”.
¿Quién tiene la culpa?
Desde el Partido Popular remarcan que la competencia en este asunto es “exclusivamente municipal, porque en 1994 el Ayuntamiento formula esta concesión de servicio público a una empresa, desde un suelo suyo, y además, la Ley de Bases establece entre las obligaciones y responsabilidades de los Consistorios, los servicios de cementerio y tanatorio, estando además obligado a inspeccionarlos”.
Marisa Ruiz, concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, sostuvo durante la celebración de la pasada sesión plenaria del 24 de marzo que “el día que se produjo el desprendimiento de parte del falso techo, un técnico de la gerencia de Urbanismo se personó en las dependencias y comprobó en su inspección ocular que quizá la solución adoptada podría no ser la más adecuada, por lo que se abrió un expediente por el que se ordena la ejecución de las reparaciones precisas para el uso al que está destinado el edificio”.
Desde el Consistorio apuntan, por otro lado, a que siempre que desde la Concejalía de Sanidad, competente en este asunto, ha requerido una inspección técnica se han girado las mismas, y que la prestación del servicio corresponde a la Comunidad de Madrid.
Posibles soluciones
El edil popular manifiesta que el Ejecutivo local “tras años de insistencia, con advertencias, comunicaciones y acuerdos plenarios, ha empezado a tomar cartas en el asunto”, citando a todos los grupos para exponer, con habilitados nacionales, las soluciones que se están adoptando.
“Si esto no se arregla de aquí al pleno de abril, que es cuando han dicho que presentarán la solución definitiva, tendremos que analizar qué actuaciones realizar a través de la vía contencioso-administrativa para la resolución de esta concesión, que está perjudicando a los ciudadanos porque no hay un control municipal que garantice sus derechos”, ha señalado, asegurando que “daremos ese paso adelante, porque no vamos a estar callados”, subraya.
“Las soluciones solo son dos, ambas desde el punto de vista del Derecho Administrativo: admitir la cesión siempre y cuando se cumplan todas las condiciones que han quedado sin realizar, o, si esto no se produce, resolver la concesión y sacar de nuevo el concurso, periodo durante el cual la empresa actual estaría obligada a seguir prestando el servicio”, finaliza Rodríguez de Rivera.