Por unanimidad. Así se ha aprobado la Declaración Institucional presentada por los cuatro grupos municipales, PSOE, IUCM-LV, Ganar Móstoles y PP, sobre la reserva de contratos públicos en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción.
Inicialmente, se destinará un 7% de estos contratos, para, transcurrido un plazo de 4 años desde la entrada en vigor de este acuerdo, llegar a alcanzar el 10%.
Una medida amparada por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, por la que se reconoce legalmente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y en la que se contempla la modificación del texto de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social; diferenciando así las diversas tipologías de Centros Especiales de Empleo y reforzando la iniciativa social en el ámbito del empleo protegido de las personas con discapacidad.
La Declaración está amparada por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que modifica el texto de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social
Un cambio cuyo objetivo no es otro que el de favorecer la dimensión social en la contratación pública, lo que, se espera, “va a permitir el impulso y consolidación de iniciativas que tienen un importantísimo valor e impacto social”, remiten desde el Ayuntamiento de Móstoles.
“Las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, como empresas de economía social, revierten sus beneficios en la mejora de sus estructuras de producción y de inserción, lo que las convierte en una fórmula eficaz contra la exclusión social, porque permite a la vez crear empleos, ofrecer oportunidades sociales y laborales y, también, desarrollar competencias profesionales de los y las trabajadoras y su potencial como ciudadanos”, explica la Declaración aprobada en el consistorio mostoleño.