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MÓSTOLES | Dos familias sufren un desahucio en plena pandemia

La plataforma vecinal está luchando por paralizar la ejecución del desalojo y garantizar los derechos humanos de ambas familias

La plataforma vecinal está luchando por paralizar la ejecución del desalojo y garantizar los derechos humanos de ambas familias

Fátima y Rabia se convierten en el foco principal de reivindicación por parte del vecindario en Móstoles en contra del desalojo familiar

Imagen: Stop Desahucios Mostóles

Fátima y Rabia, dos hermanas que conviven con sus hijos y nietos, de tres y dos años, se enfrentan a un desahucio que supondría el desamparo en plena pandemia. Las hermanas, cuentan con el apoyo de la plataforma vecinal Stop Desahucios Móstoles, que está tratando de conseguir que se paralice la ejecución del desalojo. 

 

 

La situación para ambas familias es desfavorable; la propiedad del inmueble pertenece a un particular, volviendo el proceso claramente más complejo. Sin embargo, los vecinos no tiran la toalla e insisten en la importancia de movilizar todos los recursos posibles, desde las corporaciones municipales, para prevenir este tipo de situaciones a través de medidas estrictamente necesarias. Afirman que: “Es una cuestión de voluntad política”.

 

 

Por ello, la plataforma vecinal ha convocado una concentración de apoyo a las 9:00 de la mañana, en la Calle Isabel la Católica Nº1. En ella se anima al vecindario a mostrar su reticencia a la ejecución del desalojo, ejerciendo una fuerte presión social sobre el acto. Además, se pretende mostrar el apoyo incondicional a las familias afectadas. 



"Es una cuestión de voluntad política"

Si finalmente se produjera el desahucio, las administraciones locales y autonómicas serían las responsables directas de garantizar los derechos humanos y sociales de las hermanas. De esta manera, ambas organizaciones deberían reubicar a Fátima y Rabia, asegurando no posicionarlas en una situación de desamparo.

 

 

La situación que existe actualmente en el mundo a causa de la pandemia ha dejado en una posición claramente desfavorable a aquellas familias de vulnerabilidad extrema. A día de hoy, son muchos los individuos que sufren un desahucio; es por esto, que cada vez son más los municipios que pretenden ampliar el parque de vivienda pública social, avanzando en la garantía de los derechos humanos más básicos. 

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