Un total de 615.356 euros. Eso le ha costado a la Comunidad de Madrid un centro concertado en Móstoles que nunca llegó a construirse. Se trata del que estaba planteado para alzarse sobre una parcela situada en el barrio del PAU-4 de la ciudad. Parcela que, durante el mandato del ex alcalde imputado por la Púnica Daniel Ortiz (PP), se cedió a la Comunidad para tal fin.
Una decisión que, tras la marcha de Ortiz y la llegada, en 2016, del socialista David Lucas al poder, se truncó, ya que el Ejecutivo local presentó un recurso alegando que la parcela tenía un "carácter administrativo y no educativo", a lo que se sumaba la tajante negativa del Ejecutivo local a "construir y gestionar un colegio concertado-privado en suelo público". ¿El matiz? La construcción del colegio ya había sido adjudicada por parte de la Comunidad de Madrid al grupo EduCare, y ésta reclamó, por vía judicial, una compensación.
Pese a que el Gobierno regional ofreció y abonó una compensación de 119.000 euros al grupo, éste exigió una cantidad mayor. Una indemnización que, según ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha terminado ascendiendo a la antes mencionada cantidad y que cubriría, así, "los gastos que la compañía ya había desembolsado después de ganar, el 22 de mayo de 2015, el concurso para construir el centro". Sentencia de 2017 que se convirtió en firme este 2019.
El abono de la cuantía ha sido aprobado este martes durante el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Así, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó, este martes, el desembolso de 510.623,34 euros en ejecución de sentencia judicial firme dictada por el TSJM, montante que, sumado al anterior pago, completa la cantidad reclamada por el grupo de construcción.
Las últimas noticias sobre el 'colegio fantasma' del PAU-4 se supieron hace unos meses, cuando la Comunidad le propuso al Ayuntamiento de Móstoles revocar la cesión del terreno y éste rechazó la propuesta. En contrapartida, el ayuntamiento mostoleño pidió -y pide- al Gobierno regional que, dado que las necesidades educativas en la zona se habían visto cubiertas con la reciente construcción de un colegio público (CEIP Marisa Mallo), se reevaluase la parcela para poder construir, en ella, un centro de mayores. Entre otras razones porque, alegaban, "la población mostoleña presenta un perfil, cada vez, más longevo, con baja natalidad".