La magistrada encargada del conocido como 'caso ITV', mediante el cual la actual alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y siete concejales de su equipo de Gobierno habían sido imputados ante un supuesto delito de malversación y prevaricación, ha determinado archivar la causa a través de la cual se les acusaba de haber otorgado un trato de favor a la empresa privada ITV Móstoles, al haber optado por condonar una deuda a la misma de 2,4 millones de euros. Los razonamientos jurídicos descartan que haya existido "voluntad de causar un perjuicio para las arcas públicas", señalando que el acuerdo alcanzado "era favorable", al evitar "que la mercantil fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que habría supuesto", y destacando que éste se encuentra "previsto en la Ley concursal". Por lo tanto, la juez entiende que "no hay delito de malversación", ni pruebas para considerar que se esté en presencia "de hechos penalmente relevantes".
El Consistorio siempre defendió haber tomado tal decisión, en la que se incluía una reducción del canon a pagar por el uso del suelo público, para evitar el cierre de la empresa y salvaguardar los puestos de trabajo de su plantilla, compuesta por 25 trabajadores, así como garantizar que el Ayuntamiento cobrase, al menos, una parte del dinero pendiente. Frente a este sobreseimiento provisional, fuentes municipales afirman que "quien nos acusaba lo hacía con mentiras. No se ha perjudicado al Ayuntamiento, lo que se hizo fue conseguir mantener una empresa y sus puestos de trabajo. Con esta acusación falsa buscaban dañar al Gobierno de Móstoles y a su alcaldesa".
En esta línea, han calificado a este proceso, desde sus inicios, como una "querella política", en referencia a la acusación de Más Madrid-Ganar Móstoles, formación que consideró la elección de la Junta de Gobierno de aquel momento como "ilegal y contraria al interés de la Administración Pública". Por todo ello, la primera edil tuvo que declarar en sede judicial el pasado 18 de noviembre; semanas después lo harían los otros miembros de la Corporación Municipal imputados: David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín y Marisa Ruiz se personaban en los Juzgados de Instrucción número 1 de Móstoles el 16 de febrero, mientras que Dolores Triviño, Nati Gómez (concejal de Podemos) y Beatriz Benavides (quien abandonó su cargo como responsable en el área de Igualdad a principios de 2021) lo hacían el 28 del mismo mes.
Los hechos denunciados no son ciertos; el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de Móstoles respecto a la empresa ITV MÓSTOLES S.L. fue tomado con absoluto respeto a la legalidad y así quedará acreditado.
La regidora descartó en todo momento su propia dimisión y la de su equipo, ante las peticiones de comparecencia y renuncia por parte de los grupos de la oposición, negando “haber perdonado tributos a ninguna empresa”, y afirmando que “los hechos denunciados no son ciertos; el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de Móstoles respecto a la empresa ITV MÓSTOLES S.L. fue tomado con absoluto respeto a la legalidad y así quedará acreditado". Podemos Móstoles ha celebrado el archivo de la querella -una de las ediles involucradas en el proceso judicial, la concejal de Educación, Nati Gómez, pertenece a su partido-, indicando que se trataba de una "falsa acusación y un intento de difamación política", en un intento de "dañar a un gobierno progresista".
A preguntas de los periodistas durante su visita a los terrenos en los que se espera la construcción del futuro centro de Atención Primaria del PAU-4, Juan Lobato, Secretario General del PSOE-M, ha mostrado su satisfacción por el sobreseimiento del caso ITV y ha reiterado su apoyo a la alcaldesa, Noelia Posse: “Estamos contentos, es un día feliz- ha asegurado-; Todos teníamos confianza desde el minuto uno en la honestidad y dedicación de la Alcaldesa y el equipo de gobierno con la ciudadanía de Móstoles, se dejan la piel. También estamos hoy aquí para apoyar al gobierno de Móstoles y decir que sigan con ese esfuerzo ese tesón con ese compromiso con la ciudadanía", ha expresado.