Entre 4.000 y 5.000 euros. Esas son las cantidades que reclama el Ayuntamiento de Móstoles a los ancianos de la residencia Juan XXIII que, por "problemas burocráticos", no habrían recibido el cobro de las cuotas por su estancia en la residencia desde el pasado mes de mayo y hasta diciembre, es decir, más de medio año.
El consistorio de la ciudad no pasó, en tiempo y forma, los recibos pertinentes y, ahora, pretende cobrar las cuantías a los ancianos mediante el incremento de su cuota mensual en más de 190 euros. Así lo notificó la dirección de la residencia a los usuarios de ésta, y así lo denuncian desde el PP de Móstoles. La formación llevará a la próxima sesión plenaria la petición a la alcaldesa Noelia Posse de anular esta petición.
Los populares consideran que el fallo es un "error y mala gestión" del propio ayuntamiento, tal y como reconocen en la carta emitida a los ancianos del centro, denominándolo "problemas burocráticos", por lo que la formación capitaneada por Mirina Cortés entiende que las consecuencias también deben ser asumidas por el ayuntamiento.
La formación capitaneada por Mirina Cortés entiende que las consecuencias deben ser asumidas por el ayuntamiento
El consistorio ha permitido a los ancianos que reingresen el dinero en 24 mensualidades, lo que "supone la incautación de la pensión mensual de los ancianos afectados", incide el PP. "Nos comentan, desolados, que no podrán comunicarse con los familiares al no poder pagar ni siquiera el teléfono, el abono transporte o tomar café con amigos", prosigue Cortés. Es por ello que exigirán, este 27 de febrero, "que Noelia Posse repare esta acción y que sea su gobierno el que asuma las consecuencias por el olvido, intencionado o no, en la gestión de las cuotas".
La formación amenaza, además, con que "si la alcaldesa persiste en esta decisión, lo denunciaremos ante el Defensor del Pueblo de manera inmediata".