Tras la sesión plenaria celebrada el pasado jueves 28 de septiembre, en la que el Grupo Municipal Popular elevó el informe anual sobre control interno correspondiente al ejercicio 2020, la formación política, ahora en el equipo de gobierno, denuncia haber detectado “anomalías e irregularidades" que "no se subsanaron mediante el preceptivo plan de acción que exige la ley" durante el mandato de PSOE y Podemos, según arrojan "los resultados de los informes de control interno y auditorías".
En este sentido, sostienen, además, que el Ejecutivo anterior realizó "prácticas de ocultación de gastos municipales" y "un abuso de los contratos menores" caracterizado por una "opacidad y el fraccionamiento que cuenta con la desaprobación del informe fiscalizador". En esta línea, los populares indican que "entre 2020 y 2021 se incrementó en un 47% el número de este tipo de contratos, pasando de 491 a 726. En cuanto a las cuantías, las arcas municipales realizaron por esta vía un desembolso de 320.101,89 euros en 2021, el doble que en el ejercicio anterior".
Una práctica que ha motivado "que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya requerido al Ayuntamiento de Móstoles los expedientes en torno a este ámbito en materia de contratación", añaden.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido al Ayuntamiento de Móstoles los expedientes en torno a los contratos menores
El Portavoz del GPP, Alberto Rodríguez de Rivera, ha hecho referencia también al “incumplimiento generalizado”" de las recomendaciones del plan realizadas por el área de fiscalización, que apunta a "la falta de informes de control trimestral sobre facturas anotadas y las no reconocidas, así como el incumplimiento de los periodos obligatorios de pago".
A todo ello se suman "los ingresos de los cánones de concesión". En esta línea, desde el PP sostienen que "los órganos de control del consistorio también emitieron una valoración desfavorable a la condonación de una deuda por valor de 615.000 euros a la ITV de Móstoles", subrayando que "en el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno Local del 1 de septiembre de 2020 también se proponía la rebaja del canon anual que esta mercantil debía abonar al ayuntamiento, reduciéndose de los 147.653 euros anuales a 60.000 euros, con el consiguiente quebranto a las arcas municipales". Durante su intervención en el Pleno, Rodríguez de Rivera ha anunciado que el Ejecutivo local “iniciará los trámites del procedimiento de revisión de oficio sobre la condonación de la deuda de la ITV”.
El informe fiscalizador también pone el punto de mira en otras dos empresas: Coninser 2000 SL y Arquitectura, Ingeniería y Servicios S. A. (AISER). Será el Tribunal de Cuentas por la jurisdicción ordinaria quien delimite las responsabilidades.
Este medio de comunicación ha contactado con el Partido Socialista con el fin de conocer su versión sobre los hechos. Desde el PSOE manifiestan que se trata de un informe "parcial y que no es objetivo", a la par que, afirman, "sirve a los intereses políticos del Partido Popular para hacer humo y alejar la crítica sobre su nefasta gestión del ayuntamiento durante estos primeros 100 días, así como al Interventor Municipal -despedido durante el mandato anterior y recientemente repuesto en su cargo- para tratar de blanquear su actuación de cara a losTribunales Penales y al Tribunal de Cuentas, que es el órgano que finalmente fiscaliza las cuentas municipales".
En esta línea, declaran que también "es cuestionable desde un punto de vista objetivo, por venir de un órgano sobre el que pesa una investigación judicial por su actuación en la empresa pública IMS S.A., y cuyo Auto de Admisión de la Querella indica que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de Administración Desleal en concurso con delito de Falsedad Contable, Delito Fiscal y Apropiación Indebida".