El Partido Popular de nuestra localidad expone que desde el equipo de Gobierno municipal se está solicitando a la Agencia Tributaria “que embargue el dinero de las cuentas de muchos contribuyentes de Móstoles que están al corriente de pago de los tributos municipales, generándoles un grave perjuicio económico y moral, además de una situación de indefensión”.
La portavoz popular, Mirina Cortés, pedirá el jueves, en el Pleno, explicaciones a Posse, y exigirá al Ayuntamiento que resuelva esta situación: “En reiteradas ocasiones hemos manifestado los múltiples errores de la recaudación ejecutiva con la emisión de listados de embargos a vecinos sobre tributos ya pagados o prescritos o la emisión de recibos duplicados exigiendo el mismo pago 2 veces”.
Desde el Grupo Popular aseveran que “el gobierno de Noelia Posse ejerce una persecución fiscal hacia los más vulnerables sin precedentes, llegando incluso a embargar las ayudas por discapacidad que algunas familias afectadas reciben”.
Desde el Grupo Popular inciden en que han pedido en varias ocasiones que se proceda de manera inmediata a la actualización de los datos de los ciudadanos para evitar este tipo de situaciones, pero que sin embargo el gobierno de Noelia Posse “dedica su tiempo a perdonar impuestos y tasas a grandes empresas privadas asentadas en la ciudad”, declara Alberto Rodríguez de Rivera, portavoz adjunto de la formación.
“Como consecuencia de esta desidia y de una política fiscal despiadada con las familias, pero benevolente con grandes empresas a las que se les perdonan cantidades millonarias, el gobierno de Noelia Posse ha llegado al límite de embargar las ayudas sociales por discapacidad a familias afectadas. En el próximo pleno exigiremos que se subsane urgentemente esta negligencia y proceda a la devolución inmediata de las cuantías económicas incautadas a las familias”, sostiene Cortés.
Frente a la versión de los populares, Victorio Martínez, concejal de Hacienda, incide en que "el Partido Popular miente una vez más", y remarca que "el salario mínimo interprofesional y las pensiones de esta cuantía o inferior no se pueden embargar". Del mimo modo, añade que "mensualmente, los técnicos municipales manejan alrededor de 30.000 expedientes de tributos", razón por la que manifiesta que están trabajando "para actualizar los sistemas informáticos y las bases de datos del Ayuntamiento, algo que el PP no hizo en su momento, porque estaba más ocupado en malgastar presuntamente 10 millones de euros de las mostoleñas y mostoleños en tramas corruptas como la Púnica, la Gürtel o las preferentes". Por último, puntualiza que "los sistemas informáticos pueden fallar, pero en todos los casos en los que se ha detectado algún error lo hemos subsanado de inmediato".
Ya en el mes de junio de este año el Partido Popular denunciaba un IBI “desorbitado” que se pagaría “hasta 2027”, debido, señalaban en ese momento, a la aprobación por parte del Ayuntamiento de “un plan de ajuste que debía terminar en 2023 y ha sido prorrogado cuatro años más, condenando a los mostoleños a seguir pagando uno de los IBIS más altos de la región”. Desde el Consistorio defendían en su día la medida argumentando que la ampliación estaba justificada para poder “hacer frente a la deuda millonaria que dejaron los exalcaldes del PP”.
Este año era, sin embargo, un periodo para el que se preveía una leve bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por primera vez desde 2016. El Ayuntamiento aprobaba en Pleno Municipal la modificación definitiva del proyecto de Ordenanzas Fiscales que incluía, entre otros, una reducción del porcentaje de gravamen, pasando de un 0,64% a un 0,60%, una media de 30 euros en este tributo, calculado en base al valor de los inmuebles. Otro objeto de polémica, ya que los populares, Cs y Vox tildaron la rebaja de “insuficiente”.