La mala situación de los colegios públicos de Móstoles no es secreto para casi ningún lector medianamente vinculado a la actualidad de la zona sur de Madrid. Mucho menos, para los usuarios directamente afectados por sus condiciones; desde los alumnos y el profesorado hasta los madres y padres.
El hartazgo de la FAMPA de Móstoles se ha hecho público, reclamando las obras de rehabilitación de los centros que se iban a acometer, supuestamente, gracias a una partida de 4,2 millones de euros provenientes del PIR. Y ese ha sido el detonante para iniciar una lluvia de ataques entre Comunidad de Madrid y ayuntamiento mostoleño que, lejos de solucionar la situación, se han dedicado a ‘pasarse la pelota’ unos a otros. Y que ya había comenzado, a través de las redes sociales, protagonizado por la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, culpándose uno a otro de no haberse acometido los trabajos.
¿Qué pasa con ese PIR?
Después del estallido de la FAMPA, Posse se reiteraba en la existencia de un inicio de convenio entre las dos administraciones que no se estaba materializando. “El pasado junio se acordó acometer los trabajos necesarios en los centros, mediante la firma de un convenio cuyas condiciones impuso la propia Viceconsejería”.
Los ataques entre Posse y Van Grieken son la demostración de que "como en tantas ocasiones, nos encontramos ante unos gestores de la vida pública que priorizan sus intereses personales sobre la búsqueda conjunta de soluciones", declaraba la FAMPA
Por su parte, Van Grieken lo desmentía. “No ha habido más allá de voluntad para colaborar entre las instituciones y un intercambio de ‘borrador’ de convenio, pendiente de acordar objetivos, medios para conseguirlos y compromiso temporal”.
Una guerra abierta en la que ambos representantes públicos, según entiende la FAMPA, han sido los protagonistas de un “deplorable escenario”. La Federación lamenta que, una vez más, en lugar de trabajar en conjunto para solucionar el problema de los colegios, “dejen patente su incapacidad de gestión”.
Los ataques entre Posse y Van Grieken son la demostración de que “como en tantas ocasiones, nos encontramos ante unos gestores de la vida pública que priorizan sus intereses personales sobre la búsqueda conjunta de soluciones”, declaraba la FAMPA.
El resultado de la batalla es, de nuevo, la pérdida. De esas actuaciones a cargo del PIR, tan solo se ha licitado la primera fase de las tres previstas, por 800.000 euros, y “ni siquiera esa primera fase, que iba a servir para reparar 26 colegios, ha sido concluida – se ha actuado sobre ocho colegios-“, indican las madres y padres de los alumnos y alumnas mostoleños.
Su principal reclamación, por ende, era “que se agrupasen todas las obras pendientes en una única partida que pudiera ejecutarse antes de final de año”, con la intención de no dilatar más en el tiempo la ejecución de esos 4,2 millones de euros. Por el momento, no parece que exista común acuerdo entre los responsables de llevarlo a cabo.