Hace unas semanas conocíamos la delicada situación por la que pasa la empresa Lledó -líder en el sector de la iluminación a nivel nacional- en Móstoles, que derivó en el impago de nueve nóminas a sus 160 empleados en la localidad y que podría afectar a la continuidad de dichos puestos de trabajo. Por todo ello, Partido Popular y VOX anunciaban que solicitarían un desbloqueo urgente de la situación durante la sesión plenaria de junio, celebrada el día 23, al tiempo que Podemos celebraba este lunes el acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos, junto con los propios afectados y la misma empresa, como solución al problema. Una alternativa encaminada a que Lledó retomase su actividad en el municipio, conservando los empleos y recuperando la producción.
No obstante, y tan solo un día después, el Partido Popular ha lamentado "la negativa por parte de la alcaldesa y el resto de concejales del PSOE de sumarse al acuerdo para evitar el concurso de acreedores a la empresa Lledó", sosteniendo que durante el pleno "los socialistas votaron en contra del planteamiento alcanzado por el resto de grupos con representación municipal: PP, Cs, Podemos y VOX". En la misma línea, añaden que "ni su socio de gobierno, Podemos, apoya al PSOE, que se queda en soledad rechazando esta propuesta; sin embargo, son los únicos que tienen en sus manos las competencias para desarrollar los trámites administrativos que solucionen esta situación". Mirina Cortés, portavoz de los populares mostoleños, declaraba que "serán la alcaldesa y sus concejales los que tengan que explicarles por qué no han movido ni moverán un solo dedo para evitar que la ciudad pierda una empresa histórica, el grupo Lledó, asentado en la localidad desde 1958, y que 160 trabajadores, que llevan más de 9 meses sin cobrar sus nóminas, acaben en el paro. El gobierno excusa su decisión argumentando que el acuerdo plantea una opción ilegal, sin embargo es una opción que el gobierno ya ha tramitado para otras empresas como MOINSA o la panificadora; no solo mienten sino que nos han intentado coaccionar y amedrentar a todos aquellos que vemos una salida y una solución para esta trágica situación".
No se puede construir vivienda en los terrenos en los que está ubicada la planta sin que se garantice la actividad económica de la empresa en el municipio y el mantenimiento de los empleos
Desde el Ejecutivo local, por su parte, sostienen que el Gobierno municipal "no se ha salido del acuerdo alcanzado con la empresa, sindicatos y portavoces políticos, que incluye tres puntos clave: la continuidad de los empleos, el mantenimiento de la actividad económica de la empresa en el municipio y el cumplimiento de la estricta legalidad", cuestiones fundamentales ante la posible venta de los terrenos para su desarrollo urbanístico, puntualizando que "la moción presentada en el pleno, que desvincula la operación urbanística de la continuidad de los empleos y del mantenimiento de la actividad económica, cuenta con dos informes técnicos negativos, uno jurídico y otro de Planeamiento Urbanístico, que fueron trasladados a todos los Partidos Políticos en la mañana del jueves, pese a los cuales, el resto de partidos votaron a favor".
Recalcan desde el Consistorio que "el Ejecutivo Local siempre se ha preocupado por la situación de los trabajadores y ha tratado de que la empresa dé una solución al problema, ya desde que la regidora convocase la primera reunión, el pasado 19 de noviembre", y subrayan que “quien pone en peligro los empleos y el futuro de 160 familias no somos nosotros, son quienes han votado a favor de una moción que desliga la operación urbanística del mantenimiento de los empleos y de la actividad económica de la empresa en el municipio", denuncia la Alcaldesa. "Nosotros vamos a seguir trabajando para que se cumplan los acuerdos dentro de la más estricta legalidad”, concluye.