Más Madrid-Ganar Móstoles anunciaba en un comunicado enviado a los medios de prensa que el Juzgado de Instrucción nº1 de Móstoles ha archivado en primera instancia, sin abrir diligencias previas, una denuncia contra su portavoz, Gabriel Ortega. La denuncia, según ha indicado el partido, fue cursada el pasado mes de junio por una empleada de la empresa pública municipal Móstoles Desarrollo, tras la negativa del gobierno municipal a facilitar información al propio Ortega sobre el cambio de categoría por el que el equipo de Posse había “casi duplicado” el sueldo de una trabajadora.
La documentación había sido solicitada oficialmente el 26 de mayo en el Consejo de Administración de Móstoles Desarrollo por Ortega, vocal por Más Madrid-Ganar Móstoles en dicho órgano. La formación ha aclarado que su portavoz solicitó la documentación necesaria para comprobar que el salario y categoría de una empleada, que habría sido contratada en 2020 y además sería esposa de un ex-concejal socialista, se ajustaba a lo aprobado en los órganos de gobierno de la empresa pública.
Una petición de información que culmina con una denuncia
“A mí se me interpuso una denuncia por hacer mi trabajo, porque yo formo parte de la oposición, cuyo papel principal en una democracia es fiscalizar y controlar la acción del gobierno”, señala Ortega en una entrevista para Televisión de Madrid y Soy-de, manifestando que “en Móstoles Desarrollo sucede algo mágico, y es que quien va con el carnet del PSOE en el bolsillo suele tener mejor suerte en los procesos selectivos”.
El portavoz de Más Madrid-Ganar Móstoles ha señalado que la información requerida es algo “a lo que tengo derecho por la Ley de Sociedades del Capital, en un capítulo completo por el que se regula el derecho a la información de los consejeros de las empresas participadas, como miembro del Consejo de Administración de Móstoles Desarrollo”. Según ha denunciado públicamente, se encontró en primer lugar con que se le negaba la información “por parte de la concejala delegada, por el Director Gerente, por el Director Técnico y en última instancia en otro departamento”. Una sucesión de hechos que finalizó con una llamada de Ortega a la Policía municipal "para que levantase acta”. En segundo lugar, con una denuncia en su contra por reclamarla, que se ha archivado “sin que se hayan llegado a abrir diligencias previas, lo que prueba que fue una invención para dañar mi imagen pública”.
Proceso dilatado en el tiempo
Respecto a los condicionantes argumentados por la otra parte para no mostrar los datos pedidos, Ortega apunta a un procedimiento a seguir que se le indicó, al que califica como “bastante llamativo, con un método que se inventaron sobre la marcha para dilatar el proceso en el tiempo” y a través del cual envía “un nuevo escrito” que tuvo que ser sujeto de diversas modificaciones de subsanación “por vericuetos burocráticos inventados”; proceso que se prolongó en el tiempo hasta después del verano, cuando se le informó de que se había recibido la petición y que se le daría curso, “y hasta el día de hoy”, asegura.
Gabriel Ortega: “No ha sido necesario siquiera abrir diligencias previas. Ha quedado probado que se trató de una invención con el único fin de dañar mi imagen pública a golpe de titulares e informaciones falsas”.
Los datos de la discordia
“La relación de puestos de trabajo de las empresas municipales se fija en un órgano que es la Junta de accionistas, el conjunto de concejales y concejalas, al ser al 100% participada por el Ayuntamiento de Móstoles. A esta señora se le había puesto una categoría de Auxiliar Administrativa y un sueldo de 1.900 euros, y nosotros teníamos sospechas de que esta persona, por la vía del artículo 33, sin pasar por los órganos competentes, tenía una categoría de técnico y estaba ingresando cerca de 3.000 euros durante 2021, lo cual sería ilegal”. Por todo ello, señala, “cuando se te niega una información tan sencilla de forma reiterada…quien no tiene nada que esconder, no pondría pegas”.
Medidas legales interpuestas por Más-Madrid
Ortega ha confirmado que por su parte ha interpuesto una demanda ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, reclamando por la vía judicial la citada información, “porque esto es una vulneración de mis derechos fundamentales como consejero de Móstoles Desarrollo”, y ha indicado que ésta sí habría sido admitida a trámite, sometiendo a un breve plazo de tiempo al procedimiento para la entrega del expediente. En esta línea, ha incidido en “la responsabilidad personal en la que incurriría; si se estuviera cometiendo alguna irregularidad, por lo que se pone en riesgo mi propia seguridad jurídica".
El portavoz de Más Madrid-Ganar Móstoles concluye a la espera de una rectificación pública por “haber tenido que afrontar portadas y noticias en medios de comunicación, así como difamaciones con publicidad pagada con dinero público por parte de la concejala responsable de Móstoles Desarrollo, Rebeca Prieto, que llegó a acusarme de acosar a trabajadores, en un alarde de matonismo político al que estamos acostumbrados en Móstoles y que es lamentable”. Una campaña cuyo comienzo Ortega achaca a “la querella interpuesta por mi partido y admitida a trámite, por la que tendrá que declarar la alcaldesa Noelia Posse el 18 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción nº 1 por la amnistía fiscal de 2,5 millones euros realizada a la empresa ITV Móstoles”.
Desde el Consistorio no han considerado oportuno realizar declaraciones al respecto.