Hace unos días tenía lugar el desahucio de varias familias vulnerables que residían en el edificio 'La Dignidad', un bloque convertido en "símbolo de la autotutela a la vivienda de personas que estaban en situación de calle, sin ningún tipo de alternativa, que recuperaron, rehabilitaron y adecentaron este espacio, que llevaba ocho años abandonado, llenándolo de vida y convirtiéndolo en su hogar", explica para Televisión Digital de Madrid José Borrango, que ejerce como portavoz de la asamblea Stop Desahucios Móstoles. "Por aquí han pasado 54 familias que, cuando encontraron una residencia estable, cedieron el lugar a otros. Hemos hecho la labor social que en realidad le corresponde a la administración pública".
En un principio, el propietario estaba en concurso de acreedores, posteriormente se lo adjudicó a una empresa que se la vendió a una entidad bancaria, que a su vez se lo vendió a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y ésta hizo lo propio con un fondo de inversión internacional, con sede en Miami, que ha procedido a reclamar el inmueble. "En esta última operación, los españoles hemos perdido 3 millones de euros", puntualiza Borrango, quien añade que este tipo de entidades actúan "comprando inmuebles baratos y expulsando a los inquilinos, para poder vender rápidamente estas viviendas".
"Se han agotado todas las vías administrativas y jurídicas posibles; durante estos ocho años las familias han solicitado vivienda pública a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Móstoles, siendo estas peticiones denegadas". Una vez iniciado el proceso de desahucio, afirma, "el juzgado nº1 de Móstoles no ha querido tener en cuenta el decreto 5/2023, vigente hasta el 31 de diciembre, que estipula que no se puede desahuciar a personas vulnerables sin alternativa. No se ha querido hacer un juicio de proporcionalidad que tuviera en cuenta los intereses de ambas partes".
Expone, por otra parte, que se ha presentado ante las administraciones un Plan de Viabilidad "para resolver este conflicto de manera no traumática", pero que "finalmente no se ha llevado a cabo". Añade que "tampoco se admitieron las resoluciones de Naciones Unidas, que pedían al Estado español que se suspendiera este desahucio hasta que hubiera alternativa habitacional". Lo mismo ha ocurrido con las resoluciones del Tribunal Supremo que disponen que "prevalece el derecho y protección superior de los menores".
No se ha querido hacer un juicio de proporcionalidad que tuviera en cuenta los intereses de ambas partes
La solución que se ofreció a los afectados fue "pasar dos días en un hostal, fuera del municipio", si bien, en último término, las opciones pasaban, en algunos casos, por "permanecer en un albergue, separando a los matrimonios y renunciando a la tutela de los niños", motivo por el cual "han decidido presentar una denuncia por el abandono de las administraciones y el incumplimiento de sus derechos". Entre ellos hay, además de niños y mayores, personas con discapacidad y enfermedades crónicas.
Este medio de comunicación ha contactado con el Ayuntamiento de Móstoles, que por el momento ha decidido no hacer declaraciones al respecto.