Ignacio González, ex Presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 tras la renuncia de Esperanza Aguirre, ha sido llamado a juicio por el el juez que investiga el Caso Lezo, por la adjudicación fraudulenta a OHL de las obras del tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero.
En el auto presentado se habla de "ilicitudes" en el proceso de adjudicación, las cuales correspondían a "un plan ideado" por Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL, y Arturo Martín Nicolás, exdirectivo de la empresa, para obtener el permiso de obra gracias a una comisión de 2,5 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) de la que se vieron beneficiados Ignacio González e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, para que "ejercieran su influencia" en Jesús Trabada, en ese momento Consejero Delegado de MINTRA, la empresa pública encargada de la licitación.
La fiscalía pide 4 de años de cárcel para el ex Presidente madrileño, que dentro del Caso Lezo también se enfrenta a otras dos piezas pendientes de ser juzgadas, la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en 2013 y las referidas a las obras de un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isbael II.
Unas obras inacabadas que pueden costarle dinero a la Comunidad de Madrid
A pesar de que las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero fueron adjudicadas en 2009, esta infraestructura sigue estando inacabada. En 2010, tras más de 140 millones de euros invertidos, fue paralizada por la propia OHL. En 2016 la Comunidad de Madrid inició un expediente de penalidades que obligaba a la empresa concesionaria a terminar la obra en un plazo de 17 meses. No obstante, la obra no fue terminada por una reclamación de la propia OHL que pedía a la Comunidad 353 millones de euros para dar por finalizado el contrato.
En octubre de 2018, la Comunidad volvió a reclamar a la empresa concesionaria el pago de 355 millones de euros por haber paralizado las obras, pero un juzgado de lo mercantil anuló esta orden, dejando al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso con la responsabilidad de abonar a la empresa los más de 350 millones de euros que le reclaman.