La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular por la muerte violenta de una mujer de 36 años, provocada presuntamente por su expareja. El caso tuvo lugar el pasado 28 de junio en Móstoles, cuando la víctima fue apuñalada por su agresor y falleció al día siguiente como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este jueves, ha conocido la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, del ejercicio de las acciones jurisdiccionales que se ejercerán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles.

 

 

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La acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital. Se trata de una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección tanto a las mujeres como a sus hijos y personas dependientes. Desde 2016 la Comunidad de Madrid ha ejercido esta facultad en 63 causas penales.

 

 

La Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ayuda anualmente a alrededor de 21.000 víctimas a través de la Red de atención integral para mujeres existente en la región. Además, cada año facilita plazas residenciales a unas 400 personas aproximadamente.