La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) vuelve a irrumpir en el Ayuntamiento de Móstoles, tal y como ha podido saber Soyde. Según fuentes municipales, los agentes han acudido esta mañana al consistorio para solicitar “una documentación”, aunque no precisan su naturaleza, ya que la investigación se encuentra “bajo secreto de sumario”. Estas mismas fuentes aseguran que "se ha entregado la documentación requerida" y se "está colaborando" en la investigación.
Se trata de la segunda ‘visita’ de la UCO al consistorio en lo que va de año. El pasado mes de septiembre, efectivos de la Guardia Civil acudieron para solicitar documentos referidos a contratos menores. Así lo confirmaron fuentes municipales a Soyde. que rechazaron especificar si guardaba relación con el supuesto caso de corrupción denunciado por el anterior Director de Hacienda, Sergio Gil. Estas mismas fuentes ya se amparaban en que la investigación se encuentra “bajo secreto de sumario”.
Los agentes han acudido esta mañana al consistorio para solicitar “una documentación”, aunque no precisan su naturaleza
Caída en desgracia
Pese al secreto de sumario, todo apunta a que la nueva intervención de la Policía Judicial en la sede de Gobierno mostoleño tiene relación con el anterior Director de Hacienda, Sergio Gil. Gil ostentaba su cargo hasta hace de dos años, momento en el que la alcaldesa del municipio, Noelia Posse, decidió cesarle. Un cese que coincidió con la denuncia interpuesta por Gil en el juzgado de guardia tras tener conocimiento de un supuesto caso de corrupción.
Finalmente, la Justicia terminó dando la razón al que fuera director de Hacienda. El fallo señaló que Gil actuó siguiendo el deber de todo funcionario al tener la obligación de “denunciar irregularidades de las que tenga conocimiento por su cargo y responsabilidad”. La sentencia afirma que actuó “no solo en cumplimiento de sus deberes como empleado público sino también en defensa de sus intereses legítimos”. El consistorio fue obligado entonces a abonar a Sergio Gil 8.000 euros en concepto de daños morales.
El Ayuntamiento de Móstoles vuelve a incorporar a su historia un nuevo capítulo de escándalos.