Laura Muñoz y Aroa Montano, junto a los tres menores a su cargo –fruto del anterior pareja de Montano- han abandonado definitivamente el piso que okupaban en Móstoles, propiedad de la Diócesis de Getafe, tras varias protestas y trifulcas legales. Ahora, se encuentran en la Avenida de la Estrella Polar, en la zona del PAU-4 de Móstoles, en una vivienda social que les ha facilitado el Ayuntamiento. Algo que, a su juicio, no es una solución decente.
En SoydeMóstoles hemos visitado el nuevo domicilio de Laura y Aroa, donde nos han explicado su andadura hasta ahora y su actual malestar. En el momento de su desalojo, en el que las circunstancias parecían indicar que la Diócesis no estaba dispuesta a negociar y que la llegada de las Unidades de Intervención Policial (UIP) era inminente, según cuentan las afectadas, se les comunicó, en boca del concejal de Cultura y Bienestar Social del municipio, Gabriel Ortega, que “podían estar tranquilas, que todo había acabado” y que contaban con un domicilio social en el que vivir. La pareja asegura que no se les detallaron las condiciones de tal asilo, porque “de haberlo sabido, nos habríamos quedado allí hasta el final”. “No nos dijeron que iba a ser un piso de una sola habitación (siendo cinco personas), que las cerraduras del portal y el garaje iban a estar reventadas y que el barrio era más que conflictivo”, aseguran.
Pasillo que une las estancias del piso: una sola habitación (al fondo), el baño (a la izquierda) y el salón (a la derecha), con la cocina dentro. Imagen: redacción SoydeMóstoles
Creciente malestar
Las mostoleñas se quejan de los constantes ruidos y las múltiples escenas de violencia callejera, trapicheos de droga y excesos de alcohol que sus hijas e hijo tienen que presenciar cada noche, además de que los niños tengan que dormir en una misma habitación y ellas, por ende, en el salón. “Me siento engañada por parte de todo el mundo, se han reído de nosotras en nuestra cara. Como si fuéramos desechos humanos”, nos expresa Laura. Todo ello sumado a que las cerraduras de las puertas del portal, el cuarto de contadores y el garaje están rotas. Un malestar que, según pudimos comprobar, es generalizado entre los vecinos, ya que, en nuestra visita, nos encontramos testimonios similares que, aunque no han querido dar sus nombres, sí han manifestado su disponibilidad para “recoger firmas o lo que sea necesario”.
Laura y Aroa piden una “reubicación” en un piso, al menos, “con una habitación más” y que no sea “un zulo” como el que, dicen, actualmente tienen. Nos cuentan que, “nada más entrar en la casa, nos fuimos directas a servicios sociales” a quejarse de las condiciones en las que tenían que vivir. “Según ellos (servicios sociales), necesito una estabilidad para los niños, y me encuentro con esto”, dice Laura, quien asegura que, al trasladarle sus quejas al concejal Gabriel Ortega, este le espetó un “no os quejéis, que nosotros (servicios sociales) no somos ninguna inmobiliaria”. Ortega, por su parte, en declaraciones vertidas a SoydeMóstoles, asegura que no fue así. “Yo jamás he dicho eso. Yo dije que nada nos gustaría más que tener un catálogo de viviendas disponibles como lo tiene una inmobiliaria, pero que no lo tenemos. Creo que el trato que se les ha dado a Laura y a Aroa por parte de la administración ha sido bastante bueno”, cuenta Ortega.
Aroa (izq.) y Laura (dcha.) durante la entrevista concedida a SoydeMóstoles. Imagen: redacción SoydeMóstoles
Con respecto a la queja de que la vivienda sea de una sola habitación, el concejal explica que “es la única vivienda de emergencia que tenían disponible, hasta esa fecha, los servicios sociales del ayuntamiento” y que, además, “las viviendas son propiedad del Instituto Municipal del Suelo (IMS), que las construyó de una sola habitación en su última promoción, anterior al actual gobierno, y es el parque del que disponemos”.
Las mostoleñas se quejan de los constantes ruidos y las múltiples escenas de violencia callejera, trapicheos de droga y excesos de alcohol que sus hijas e hijo tienen que presenciar cada noche
Derechos y obligaciones
Laura y Aroa aseguran que Ortega les prometió una solución habitacional con la condición de que Aroa hiciese los programas de reinserción laboral que le mandara la asistenta social y que, ahora “nos encontramos con que tenemos que pagar 50 euros de alquiler, más agua y luz”. Según explica la pareja, Laura es la única que tiene ingresos, siendo inferiores a los 400 euros al mes, de los que se pagan los gastos del piso y se compra la comida. Aroa, por su parte, estaba haciendo un curso de camarera de piso, ofertado por servicios sociales, pero lo abandonó "por circunstancias". Aroa justifica que "no le compensa" terminar el curso y acceder a un empleo, porque tendría que pagar el alquiler completo de la vivienda social, al tener ingresos para hacer frente al gasto. Algo que manifiesta no querer. "Si me dan otro piso, claro que trabajo las horas que haga falta para pagarlo", dice. Con respecto al padre de los niños, Aroa aclara que no recibe ninguna manutención de su parte.
Cuando una persona necesita asistencia social, explica Ortega, se hace una “valoración en función de sus ingresos y de sus condiciones”. El concejal justifica la situación. “A ellas se les ha pedido una fianza de un mes, dar de alta los suministros a su nombre y pagar un alquiler porque es lo que hace cualquier ciudadano. La administración defiende la igualdad ante la ley, con la diferencia de que ellas cuentan con la ayuda económica de servicios sociales por su situación y pagan una cuota igual o inferior al 30% de sus ingresos”. Asegura, además, desconocer los motivos por los que Aroa no terminó el curso de camarera de piso "en el que estaba obteniendo muy buenos resultados y calificaciones por parte de sus supervisores, lo que parecía terminar en su contratación".
Fachada del bloque de viviendas sociales del que dispone el ayuntamiento de Móstoles, en el PAU-4, donde se encuentra la pareja. Imagen: redacción SoydeMóstoles
El concejal de Bienestar Social de Móstoles ha querido recalcar que “el objetivo es desarrollar una intervención sociocomunitaria que lleve a estas personas a que ganen la autonomía suficiente para desarrollar su proyecto vital, aspirar a tener sus propios medios y una vivienda mejor que esa”. Por su parte, la pareja mostoleña nos asegura que seguirá luchando “por nuestros derechos, porque solo somos una familia que quiere tener un techo”.