La maltrecha situación económica que registran los ayuntamientos de la región se ha agravado con el impacto del coronavirus. Las administraciones locales han arrimado el hombro poniendo en marcha medidas para proteger a la ciudadanía como el reparto de mascarillas o intensificando las labores de limpieza y desinfección en el municipio. Además, los servicios sociales municipales también han puesto en marcha iniciativas dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Estas medidas han mermado las arcas de los consistorios que se han visto obligados a pedir liquidez a la Comunidad de Madrid. El Gobierno autonómico se ha decantado por el Plan de Inversión Regional (PIR) como mecanismo para inyectar dinero en las administraciones locales. Hasta ahora, se permitía que el 25% de la cuantía del PIR se dedicase a gasto corriente, es decir, a sufragar los gastos derivados de su funcionamiento como facturas o nóminas. Ahora, y como medida de choque, los ayuntamientos podrán solicitar un porcentaje mayor para destinarlo a gasto corriente.