Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, ha declarado este jueves día 18 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad como investigada por un presunto delito de malversación y prevaricación, en lo que se constituye como un paso previo para la apertura del juicio oral.
Se la acusa de una condonación de deudas pendientes y tasas, por valor de más de 2,4 millones de euros, a la empresa ITV Móstoles S.L.
La querella interpuesta por Más Madrid-Ganar Móstoles
La querella, dirigida contra todo el equipo municipal y admitida a trámite en abril, fue interpuesta en el mes de febrero por dos ediles del grupo Más Madrid-Ganar Móstoles, Susana García y Gabriel Ortega, después del rechazo de los funcionarios de Secretaría e Intervención, que emitieron informes desfavorables al respecto y poco después fueron cesados por ello.
“Lamentablemente tuvimos que interponer una querella contra el Gobierno municipal de Noelia Posse, después de haberle regalado, mediante una amnistía fiscal a una empresa privada -ITV Móstoles- 2 millones y medio de dinero público”, aseguraba el portavoz de MMGM en un vídeo disponible en el perfil de Facebook de su formación política, afirmando que desde el Consistorio prefirieron atender al interés de la empresa privada antes que al de la Administración Pública. La actividad de dicha compañía se desarrolla en unas instalaciones que implican la utilización de suelo público.
“Esto no puede seguir así, es muy grave, los delitos que están encima de la mesa son una presunta prevaricación administrativa y una presunta malversación de caudales públicos”, señalaba en aquel momento, refiriéndose también a que esta condonación de la mitad de la deuda contraída llevaba consigo “el fraccionamiento y aplazamiento a 30 años sin garantías e intereses de la misma y la reducción del canon para los próximos 20 años". Se refieren, del mismo modo, a las prácticas llevadas a cabo por el Gobierno municipal como “de muy dudosa legalidad”, solicitando al Partido Socialista de Madrid “que reaccione”.
“Nos eligen para defender el interés público”
Asimismo, los concejales de Más Madrid-Ganar Móstoles han expresado durante estos días, mediante los perfiles en redes sociales de la formación municipalista, que “ojalá no hubiera sido necesario llegar hasta aquí, pero siempre defenderemos con uñas y dientes que le dinero público se destine exclusivamente al interés público. Nos eligen para eso”.
Desde Más Madrid señalaban también que esta medida ya fue presentada por la actual regidora en una Junta de Gobierno Local durante el mandato pasado, y que en aquella ocasión se retiró ante la objeción de los concejales de Ganar Móstoles, que por entonces sostenían el Gobierno municipal y formaban parte de la Junta de Gobierno.
Ya en el mes de Septiembre fueron llamadas a declarar ante la UCO tanto Miguel Ángel Ortega -antiguo concejal de Más Móstoles- como Ángeles Cortizar -arquitecta-, en relación a contratos realizados por el Gobierno municipal, al igual que el auditor Joaquín Navarro, quien asistió a la Junta de Gobierno Local en el momento de tomar el acuerdo de la ITV.
En julio eran el entonces tesorero del ayuntamiento, Francisco Javier Torner, y el exconcejal de Hacienda, Aitor Perlines, las personas citadas a declarar por supuestos de delitos relacionados con perdonar tributos.
El interventor que denunció esta práctica ante el organismo fiscalizador correspondiente fue cesado en el mes de mayo.
Otros escándalos de Posse
En el mes de septiembre también se admitía a trámite otra querella, en este caso, por supuesta prevaricación administrativa, interpuesta por dos empleadas del Ayuntamiento que habían sido cesadas de las últimas funciones para las que habían sido nombradas. Un cese “por orden directa de Posse, de forma arbitraria y fulminante”, según comunicaban desde el sindicato CSIF, al cual pertenecen las dos trabajadoras municipales, si bien desde el Consistorio subrayaban que Posse "no dio ninguna orden ni ha dictado ni firmado ninguna resolución con respecto a estas personas. La orden ha sido ejecutada y firmada por el Concejal de Recursos Humanos, responsable del área de personal".
Tan sólo cinco meses después de ser nombrada alcaldesa, tras la renuncia de David Lucas, la polémica envolvía a la regidora cuando tomaba la decisión de organizar el festival de Amanecer Bailando en el parque Prado Ovejero, una elección muy criticada por la población y partidos de la oposición, como ocurriría posteriormente con algunas contrataciones de miembros de su propia familia en cargos del Ayuntamiento, y que fueron motivo de abucheos y reproches ante el balcón de la Casa Consistorial durante diferentes pregones de Fiestas Patronales. Este año, sin ir más lejos, diversas Asociaciones de plataformas de pensionistas e interinos se quejaban del perímetro de seguridad que les impedía acceder al recinto de la Plaza de España con sus pancartas y silbatos, a lo que desde el Gobierno municipal respondían que “el aforo estaba controlado por razones de seguridad, como consecuencia de la situación sanitaria dada por la pandemia”.
La versión del Ayuntamiento
Desde Alcaldía afirmaban a este respecto que esta decisión vino motivada para “salvar empresas como ésta, salvando empleos, bajando impuestos a hosteleros, ayudando a comerciantes y a los ciudadanos y todo lo hemos hecho legalmente, porque si no lo hubiésemos hecho", explicaba el teniente de alcaldesa, David Muñoz, quien acusaba a Más Madrid Ganar Móstoles de “votar en contra de cualquier decisión apoyada por Podemos”.
"Nosotros no perdemos el tiempo en una pataleta de Más Madrid Ganar Móstoles, un partido cuyos líderes se rompen y votan con el PP de Almeida en Madrid, se han roto también en Leganés, saliendo del Gobierno y también aquí surgen de una escisión de Podemos", concluía.