La nueva entrega del proceso judicial sobre el caso ITV nos deja el siguiente resultado antes de la apertura de juicio oral: la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la alcaldesa en funciones y seis de los concejales investigados -dos de los ediles no han firmado el documento esta vez-, mediante el cual se solicitaba la nulidad de ciertas resoluciones por parte del Tribunal Supremo.
La Justicia viene a señalar, en esta ocasión, que únicamente se pueden recurrir "los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada", según se desprende de la resolución y conforme a lo establecido en el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Anteriormente (y pese a que se llegó a ordenar el archivo y sobreseimiento de la causa), los Tribunales rechazaban el recurso de aclaración solicitado por la todavía regidora, confirmando el auto por el que se ordenó procesar a la aún primera edil y su equipo de gobierno en aquel momento.
Anteriormente los Tribunales rechazaban el recurso de aclaración solicitado por la todavía regidora
La regidora y otros siete miembros de la Junta de Gobierno fueron acusados de un supuesto delito de malversación y prevaricación, al haber decidido condonar una deuda de 2,4 millones a la empresa privada ITV, decisión por la cual Más Madrid, entonces socio de gobierno, decidía dar un paso a un lado, y -tal y como han asegurado en varias ocasiones- tras ofrecer alternativas para revertir la situación, presentaba una querella que ha derivado en el proceso judicial que venimos siguiendo durante todos estos meses.
Fuentes municipales han defendido en todo momento su decisión, en la que se incluía una reducción del canon a pagar por el uso del suelo público, señalando que el objetivo fue "evitar el cierre de la empresa y salvaguardar los puestos de trabajo de su plantilla, compuesta por 25 trabajadores, en el peor momento de la pandemia, así como garantizar que el Ayuntamiento cobrase, al menos, una parte del dinero pendiente".