Móstoles podría decir adiós, definitivamente, al servicio de Cofely en la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado, este lunes, a propuesta de la Concejalía de Medioambiente, Parques, Jardines y Limpieza Viaria, capitaneada por Miguel Ángel Ortega, el inicio del tercer expediente sancionador a la empresa. Hecho que, de ratificarse, podría suponer la rescisión del contrato por incumplimiento.
La lucha por la marcha de Cofely
A fecha de diciembre del pasado 2016, durante la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos municipales para 2017, el actual equipo de Gobierno daba a conocer la noticia del "adiós a Cofely". La corporación aseguraba que, durante la primera mitad del presente año, el Consistorio podría rescindir el contrato y hacerse cargo, a título municipal, de las competencias que, por ahora, había desempeñado Cofely. Un plazo que, a vista está, no ha podido cumplirse.
El portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, ha asegurado a SoydeMóstoles.com que "los tiempos siempre son aproximados" y que "la asesoría jurídica cambió de opinión y estrategia, y entendió que era más seguro ir con esta tercera penalización" a luchar por una rescisión de tal cuantía. Motivo por el que, tras finalizar los trámites administrativos y jurídicos correspondientes y en el caso de que la penalización se aceptase, el municipio no rescindiría el contrato hasta los primeros meses del próximo 2018. Un año más de espera.
Según Ortega, esta tercera sanción es una falta grave que se traduce en "250.000 euros de incumplimientos" y, por ende, podría permitir que se inicie "el proceso de rescisión".
Este tercer expediente podría suponer, incluso, la rescisión del contrato por incumplimiento
Móstoles, marcado por la corrupción
Cofely, eje central de la operación 'Púnica' (una de las tramas de mayor corrupción regional y municipal) y encargada del mantenimiento de edificios municipales, así como de la eficiencia energética y el suministro de energía de Móstoles, mantiene un contrato con la ciudad que asciende a la cantidad de 75 millones de euros desde el año 2014.
El, por aquel entonces, gobierno municipal, con el exalcalde popular Daniel Ortiz a la cabeza, habría, supuestamente, mediado en la adjudicación del millonario contrato. Hecho por el que Ortiz habría recibido 700.000 euros, junto a otros dos acusados, los hermanos Utrilla.