La alcaldesa de nuestro municipio, Noelia Posse, vuelve a ser acusada en una querella admitida a trámite por presunta prevaricación administrativa.
Tras la noticia de que deberá ir a declarar el próximo 18 de noviembre en calidad de investigada por supuestos delitos de malversación y prevaricación, al haber perdonado una deuda pendiente que asciende a más de 2,4 millones de euros, contraída por la empresa ITV Móstoles S.L. con el Consistorio de nuestro municipio, en esta ocasión son dos trabajadoras del Ayuntamiento quienes han acudido a los juzgados tras ser cesadas de las últimas funciones para las que habían sido nombradas.
Un cese “por orden directa de Posse, de forma arbitraria y fulminante”, según comunican desde el sindicato CSIF, al cual pertenecen las dos trabajadoras municipales y que, según exponen, no es algo nuevo, ya que “conocimos en su momento el cese del Exdirector de Hacienda por denunciar a la Alcaldesa por un caso de corrupción, lo que se transformó en un cese inmediato”. Mencionan también otros ejemplos “que se suceden de manera continua durante esta legislatura, además de otras sonadas denuncias”, como el de un Interventor Municipal “por informar al Tribunal de Cuentas de un supuesto trato de favor a una empresa”.
Desde el sindicato CSIF condenan el cese inmediato, al que califican como "arbitrario y fulminante". Desde el Consistorio aseguran que la orden fue firmada y ejecutada por el concejal de Recursos Humanos, no por la alcaldesa.
Actos ante los que desde CSIF muestran su “repulsa” y el “firme apoyo” a los empleados que los han sufrido. Del mismo modo, manifiestan “un profundo respeto ante la decisión que ha llevado a estas compañeras a elevar al órgano judicial tales conductas, con el fin de esclarecer los motivos de sus ceses, si son constitutivos de delito, si existe causa-efecto y depurar las posibles responsabilidades en que hayan podido incurrir las personas colaboradoras o responsables de tales actos” e instan al resto de secciones sindicales del Ayuntamiento de nuestra ciudad a que “se pronuncien sobre este tipo de presuntas conductas delictivas atribuidas a la Sra. Posse, y se posicionen en defensa de los intereses y derechos de los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento, porque la parte social no debe guardar silencio o mirar hacia otro lado cuando tales conductas se producen en el seno de una relación laboral”.
Finalmente, hacen referencia al hecho de que “los empleados públicos están obligados a denunciar la comisión del delito que conocieran por razón de su cargo, profesión u oficio” y añaden, en esta línea, que como sindicato reciben “continuas quejas de la plantilla municipal, quejas que se suceden por la falta de predisposición de este Gobierno Municipal en buscar vías de solución y diálogo, como ha quedado demostrado ante el silencio por parte de la Sra. Posse de atender a la petición de reunión que le formulamos cinco sindicatos durante meses”.
Desde el Consistorio, por su parte, aseguran que la alcaldesa Noelia Posse "no ha dado ninguna orden ni ha dictado ni firmado ninguna resolución con respecto a estas trabajadoras. La orden ha sido ejecutada y firmada por el Concejal de Recursos Humanos, responsable del área de personal".