El interventor del Ayuntamiento de Móstoles, en la cuerda floja. El Equipo de Gobierno, conformado con PSOE y Unidas Podemos, parece cuestionar la labor del funcionario municipal, quien recientemente ha saltado a la palestra por el informe en el que se evidencia que el consistorio no hace cumplir con las obligaciones tributarias de algunas empresas.
Soyde. ha tenido acceso a la contestación que el Ministerio de Hacienda remite al consistorio mostoleño. De la misiva se desprende que el concejal de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros, Aitor Perlines, ha enviado un escrito a la Secretaría General en la que solicita “el cese de D. Caín Poveda Taravilla nombrado por el procedimiento de libre designación para el puesto de trabajo de la intervención general del citado Ayuntamiento”.
El Ministerio de Hacienda deja patente que el funcionario puede ser “cesado libremente con la misma discrecionalidad con la que fue nombrado, aunque no se haya producido una prueba de las circunstancias concretas que determinaron dicho cese”, aunque otorga al interventor el derecho de presentar alegaciones en su defensa. “Debe ser el funcionario el que acredite que no son ciertas las causas del cese (…) se hace necesario conocer si el interesado formula alegaciones al cese propuesto”.
La Secretaría General solicita al Ayuntamiento de Móstoles un expediente en el que se determinen “las causas técnicas que motiven el cese”.
Debe ser el funcionario el que acredite que no son ciertas las causas del cese (…) se hace necesario conocer si el interesado formula alegaciones al cese propuesto
¿Un interventor incómodo?
Caín Poveda Taravilla realiza las labores de intervención y es quien firma el informe en el que se evidencia la supuesta amnistía fiscal que denunció en el Pleno Más Madrid-Ganar Móstoles. En su informe realiza un muestreo de 15 empresas y pone de manifiesto que, en algunos casos, el consistorio no está ejecutando los cobros de los cánones administrativos correspondientes.
Se podría tratar de meros errores administrativos o, quizá, de un supuesto nuevo caso de corrupción sistémica en el propio corazón del Ayuntamiento, la Hacienda pública. ¿Pagan todos los mostoleños los mismos impuestos? ¿Por qué a algunos se les perdonan? ¿Es por un error? ¿No será demasiada casualidad que sea a algunos empresarios en concreto? ¿Un error que dura en algunos casos décadas?
¿Sería este el motivo por el que el Equipo de Gobierno quiere prescindir de este funcionario, el interventor municipal? ¿No es el interventor el que debe velar por la transparencia en las funciones del poder? ¿Si es molesto mejor cesarle? Quizá estas sean algunas de las posibles explicaciones por las que Caín Poveda Taravilla deba ser cesado.
Ante las suspicacias que despierta la solicitud del Equipo de Gobierno, este medio de comunicación se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para conocer las motivaciones que han llevado a solicitar el cese del interventor, pero el departamento de comunicación da la callada por respuesta.
Esteban Hernando, director de este medio, ha pedido personalmente a Noelia Posse una explicación y como es costumbre no ha obtenido ninguna respuesta.