La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de aclaración solicitado por la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, sobre el "caso ITV". La regidora y otros siete miembros de la Junta de Gobierno fueron acusados de un supuesto delito de malversación y prevaricación, al haber decidido condonar una deuda de 2,4 millones a la empresa privada ITV. Tras este varapalo judicial, que confirma el auto por el que se ordenó procesar a la actual primera edil -quien opta a revalidar su cargo y repite como candidata del PSOE- y a sus concejales, todos ellos estarían más cerca de la apertura del juicio oral en plena campaña electoral, a pocos días de la cita con las urnas.
Un nuevo capítulo de este periplo judicial que pondría en peligro las actuales listas del Partido Socialista (en la que también figuran la mayoría de implicados), ya que se tendría que aplicar el código ético de dicha formación política y, de tener lugar tras el 28M, obligaría a los procesados a dimitir una vez se iniciase el proceso. La resolución del auto es firme y contra ella no cabe recurso alguno.
Pondría en peligro las actuales listas del Partido Socialista (en la que también figuran la mayoría de implicados), ya que se tendría que aplicar el código ético de dicha formación política
Fuentes municipales han defendido en todo momento su decisión, en la que se incluía una reducción del canon a pagar por el uso del suelo público, señalando que el objetivo fue "evitar el cierre de la empresa y salvaguardar los puestos de trabajo de su plantilla, compuesta por 25 trabajadores, en el peor momento de la pandemia, así como garantizar que el Ayuntamiento cobrase, al menos, una parte del dinero pendiente".
En esta línea, han calificado a este proceso, desde sus inicios, como una "querella política", en referencia a la acusación de Más Madrid-Ganar Móstoles, partido que consideró que esta forma de obrar era "ilegal y contraria al interés de la Administración Pública". Por todo ello, Posse tuvo que declarar en sede judicial el 18 de noviembre de 2021; semanas después lo harían los otros miembros de la Corporación Municipal imputados: David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín y Marisa Ruiz se personaban en los Juzgados de Instrucción número 1 de Móstoles el 16 de febrero del año pasado, mientras que Dolores Triviño, Nati Gómez (concejal de Podemos) y Beatriz Benavides (quien abandonó su cargo como responsable en el área de Igualdad a principios de 2021) lo hacían el 28 del mismo mes.
En abril conocíamos la noticia del sobreseimiento de la causa, cuando la Juez ordenaba su archivo al concluir que "no existía delito ni voluntad de causar un perjuicio para las arcas públicas", puesto que evitaba "que la mercantil fuera declarada en concurso de acreedores". La alcaldesa siempre ha descartado su propia dimisión y la de su equipo, ante las peticiones de comparecencia y renuncia por parte de los grupos de la oposición. Continuará...