Los partidos de la oposición en la corporación Municipal de Móstoles, a excepción de Más Madrid, han registrado una petición, a instancia del Partido popular, mediante la cual solicitan la comparecencia de la alcaldesa de nuestra ciudad, Noelia Posse, para que "explique la situación judicial de los miembros de gobierno imputados por perdonar una deuda de 2,5 millones de euros a la empresa ITV Móstoles".
Los concejales David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín y Marisa Ruiz deberán declarar ante la Sala número de la primera planta de los Juzgados de Instrucción número 1 de Móstoles este miércoles, 16 de febrero, mientras que las ediles Dolores Triviño, Nati Gómez y Beatriz Benavides (quien abandonó su cargo como responsable en el área de Igualdad a principios de 2021) tendrán que personarse ante el juez a lo largo de la mañana del día 28 de este mes.
Su citación se debe a que todos ellos componían la Junta de Gobierno Local cuando tuvo lugar un presunto delito de malversación y prevaricación, al tomar la decisión de condonar el cobro de tasas de utilización de suelo público a una empresa privada, hecho que tuvo como consecuencia una querella interpuesta por la formación Más Madrid-Ganar Móstoles -al considerar que se trataba de una elección ilegal y contraria al interés de la Administración pública-, y que ocasionó que la propia regidora tuviera también que declarar en sede judicial el pasado 18 de noviembre.
"Durante las próximas semanas, las necesidades de los mostoleños de nuevo quedarán aparcadas, porque la mayoría de los concejales de gobierno estarán ocupados en defenderse de su imputación en los juzgados", señalan los Populares al respecto, quienes subrayan que "este escándalo judicial es el colofón de un histórico protagonizado por este gobierno, que tuvo su pistoletazo de salida en el año 2019, y que ha sumado dos hitos vergonzantes y únicos en nuestra ciudad: la reprobación de la alcaldesa por parte de todos los grupos políticos menos por el PSOE y la actual imputación de la mayoría del gobierno municipal".
"Los mostoleños rechazan con profunda indignación la decisión benevolente de este gobierno para con una gran empresa, mientras a ellos se les exige el pago de un IBI desorbitado, y que el gobierno municipal del PSOE se niega a bajar de manera reiterada. A día de hoy los vecinos no solo no han recibido ni una sola explicación pública de Noelia Posse, si no que padecen el abandono de este gobierno, ocupado en resolver sus escándalos judiciales y que se ha olvidado de gestionar 36 millones de euros que ha recaudado pero que no ha gastado en atender las necesidades de las familias y personas más vulnerables, las cuales siguen padeciendo las consecuencias de la crisis originada por esta pandemia", declaran desde el PP.
El Partido Socialista de Madrid rechazaba tomar medidas hasta que el juez determine archivar el caso o realizar nuevas actuaciones.
El Ejecutivo Local se defiende
La alcaldesa ha afirmado, en todo momento, sentirse "tranquila y con confianza en la justicia", atribuyendo la decisión de MM-GM de acudir a los juzgados a una "finalidad política, con una clara manipulación de la realidad y en la línea de desgastar al Gobierno municipal" y descartando su dimisión o la de cualquiera de los miembros de su equipo. "El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de Móstoles respecto a la empresa ITV MÓSTOLES S.L. fue tomado con absoluto respeto a la legalidad, y así quedará acreditado, porque se realiza en orden a defender el interés público y el interés general, con la finalidad última de cobrar el máximo de la deuda pendiente de la empresa anteriormente citada y buscar una alternativa al cierre de sus instalaciones, al cese de su actividad y evitando así el despido de 25 trabajadores", sostenían al respecto.
Por otra parte, desde el Consistorio reclaman al Partido Popular que "dé explicaciones sobre el dinero que los ex alcaldes populares, Esteban Parro y Daniel Ortiz, imputados y procesados, despilfarraron en presuntas tramas corruptas como la Púnica, Gürtel, preferentes o las obras del tren inacabado a Navalcarnero, dejando una deuda de 160 millones de euros".
“Nosotros no vamos a perder ni un minuto en entrar en este ruedo mediático del PP. La Señora Cortés, que cobra un sueldo de vicepresidenta del Gobierno, lo que tendría que hacer es pedir a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus compromisos, que pague a Móstoles el dinero que le debe y acometa actuaciones tan urgentes como la construcción del centro de Salud del PAU-4, que llevamos años reclamando"afirma Marisa Ruiz, concejal de Presidencia y Desarrollo Urbano-; "El hecho de que abandonase la ciudad y no acudiese al pleno más importante del año, el de los presupuestos que van a regir la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja muy claro el poco interés que tienen la señora Cortés y el Partido Popular por el presente y el futuro de este municipio y de sus vecinas y vecinos”.
El Partido Socialista de Madrid comunicaba durante el pasado mes de diciembre la puesta en marcha de un proceso de seguimiento de la situación procesal de los afectados, otorgándoles un plazo de 24 horas para comunicar la información pertinente a cada caso. Una vez recibida la documentación, se remitiría, del mismo modo, a la Comisión de Ética, si bien rechazaba tomar medidas hasta que el juez determine archivar el caso o realizar nuevas actuaciones, lo cual ocurrirá ya de manera inminente. "El Partido Socialista de Madrid, de acuerdo con el Estatuto, Reglamento y Código Ético, actuará de manera clara, contundente y con el máximo rigor, en el caso que se produzca alguna de las circunstancias en las que dicho código establece que el partido debe actuar", confirmaban.