Este año que pronto acaba ha resultado ser un periodo convulso para la ciudad de Móstoles. De todos los asuntos polémicos y controvertidos en los que se halla inmerso el Gobierno local hablaron los portavoces (adjunto en el caso del PP) de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, sin ser miembros del Ejecutivo, en el programa de esta casa “La Oposición”.
Gabriel Ortega (Más Madrid-Ganar Móstoles), José Antonio Luelmo (Ciudadanos-Cs), Alberto Rodríguez (PP) e Israel Díaz (Vox) hicieron un repaso por la actualidad del municipio en estos últimos meses. Pasamos a desgranar cada uno de los temas que han generado un intenso debate en torno a la viabilidad del actual equipo de Gobierno:
Los juicios
Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, declaraba el pasado 18 de noviembre como investigada por un presunto delito de malversación y prevaricación, en lo que se constituye como un paso previo para la apertura del juicio oral, acusada de perdonar deudas pendientes y tasas, por valor de más de 2,4 millones de euros, a la empresa privada ITV Móstoles S.L.
A este hecho hay que unir que posteriormente, siete concejales y miembros de su equipo de gobierno eran citados, también en calidad de investigados, ante el mismo Juzgado (Instrucción número 1 de Móstoles) y por el mismo hecho. Días después, la regidora descartaba su propia dimisión (la que desde el Partido Popular y Ciudadanos solicitaban ya en el mes de septiembre) y la de sus compañeros, tachando la incriminación de “querella política”.
El Partido Socialista de Madrid procedía en ese momento a ofrecer un ultimátum de 24 horas a los ediles, para que comunicaran su situación procesal individual, lo cual está siendo supervisado por el Comité de Ética de la formación, a la espera de actuar cuando se pasen a conocer las resoluciones judiciales pertinentes a tal efecto.
Peticiones de dimisión y el impulso de una moción de censura
Ciudadanos anunciaba el día 3 de diciembre que impulsaría una moción de censura contra Noelia Posse. El día 9 se celebraba en el salón de plenos del Consistorio un pleno extraordinario convocado por Vox, PP y Cs con la petición de dimisión de la alcaldesa como único punto del día. Una nueva polémica envolvía a esta jornada, cuando desde el PSOE de Móstoles se dieron instrucciones precisas a los cargos de confianza para “asistir obligatoriamente” a dicha sesión plenaria, con el fin de “prestar apoyo” a la regidora ante “los ataques que se esperaban por parte de la derecha”.
Populares y Cs coinciden en “la mala imagen que estas causas judiciales suponen para la ciudad, provocando que muchas empresas rechacen instalarse en la misma, con la pérdida de empleo que ello conlleva”.
Ceses y otros escándalos
En el mes de septiembre también se admitía a trámite otra querella, en este caso, por supuesta prevaricación administrativa, interpuesta por dos empleadas del Ayuntamiento que habían sido cesadas de las últimas funciones para las que habían sido nombradas.
Se cesó, del mismo modo, al Exdirector de Hacienda por denunciar a la Alcaldesa por un caso de corrupción, y al Interventor Municipal por informar al Tribunal de Cuentas de un supuesto trato de favor, que se suman a otras renuncias que se han sucedido de forma continua durante la legislatura.
Tan sólo cinco meses después de ser nombrada alcaldesa, tras la renuncia de David Lucas, la polémica envolvía a la regidora cuando tomaba la decisión de organizar el festival de Amanecer Bailando en el parque Prado Ovejero, una elección muy criticada por la población y partidos de la oposición. De hecho, este asunto también ha sido objeto reciente de un punto del pleno presentado por el Partido Popular el pasado 9 de diciembre. Tres años después, aseguran, “no se ha tramitado el cobro de la tasa municipal a la empresa organizadora ni de los desperfectos en la zona".
“Este mandato ha estado plagado de escándalos, normalizando situaciones sin asumir ningún tipo de culpabilidad” señalaba durante el programa Israel Díaz, portavoz de Vox.
Peticiones de dimisión, la sombra de la moción de censura y el Comité de Ética del Partido Socialista de Madrid planean sobre el Gobierno municipal.
Móstoles Desarrollo
El Partido Popular ponía de manifiesto meses atrás que Posse “utiliza Móstoles Desarrollo para atacar al PP, usando los recursos públicos de todos los mostoleños con fines partidistas, enviando una carta a todos los ciudadanos en la que se difamaba a la oposición”.
Por otra parte, una empleada de la citada empresa pública municipal, esposa de un exconcejal socialista, aumentó de categoría y vio su sueldo duplicado, dato ante el que Ortega, portavoz de Más Madrid-Ganar Móstoles, pidió la información necesaria con el fin de comprobar que se ajustaba a lo aprobado en los órganos de gobierno de la empresa pública, con la posterior negativa del Ejecutivo local a proporcionarle la documentación solicitada.
¿Tratos de favor?
Algunas contrataciones de familiares de Posse para puestos de trabajo en el Ayuntamiento fueron motivo de abucheos y reproches ante el balcón de la Casa Consistorial durante diferentes pregones de Fiestas Patronales e incluso, de una suspensión temporal de su militancia. Desde Más Madrid-Ganar Móstoles sostenían, por su parte, que “el carnet del PSOE hace que se tenga más suerte en los procesos selectivos”, lamentando, además, que a su grupo “se le negase documentación relativa a la contratación de una trabajadora municipal”, y aquello desembocase en una denuncia contra el propio portavoz de MMGM, Gabriel Ortega, que finalmente fue archivada.
Las consecuencias de estos presuntos privilegios se traducen, en palabras del portavoz adjunto del Grupo Popular, en un desembolso económico para toda la ciudadanía “cuando haya que indemnizar a esas personas a las que por derecho y mérito les correspondía esa plaza convocada”.
Este mismo año, las Asociaciones de plataformas de pensionistas e interinos se quejaban también de un impedimento de su libertad de expresión al no poder acceder, a causa del perímetro de seguridad, al recinto de la Plaza de España con sus pancartas y silbatos, a lo que desde el Gobierno municipal contestaron que “el aforo estaba controlado por razones de seguridad, como consecuencia de la situación sanitaria dada por la pandemia”.