Quince cargos pertenecientes a gobiernos anteriores del Partido Popular y del Partido Socialista, así como técnicos municipales, deberán comparecer el próximo 28 de enero en calidad de investigados por "presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias", vinculados a "posibles irregularidades en contratos menores relativos a la pieza denominada “área de deportes/indumentaria laboral”. Uno de ellos es el actual concejal de Hacienda, Alberto Rodríguez de Rivera.
Desde Más Madrid Móstoles han sido contundentes en "condenar cualquier irregularidad que presuntamente se haya podido dar". Con el fin de esclarecer los hechos, han solicitado la convocatoria de un Pleno Extraordinario para abordar entre todos los grupos políticos "el impacto social, económico y político de las diferentes investigaciones que afectan en la actualidad a diferentes gobiernos de Móstoles, así como las medidas a adoptar en materia de transparencia y lucha contra la corrupción".
De igual manera, la formación ha solicitado ya los expedientes de los contratos menores que afectan a las empresas investigadas y que tuvieron lugar en los años 2020, 2021 y 2022, ya que la UCO solo recoge los formalizados entre 2015 y 2019.
Celebremos un Pleno Extraordinario para tratar lo que está comprometiendo la imagen de nuestra ciudad
Desde el PSOE, por su parte, han emitido un comunicado en el que piden que se respeten "las actuaciones realizadas por el Juzgado de Instrucción 5 y el principio de presunción de inocencia de todos los investigados". En el Grupo Municipal Socialista hacen un llamamiento "a la responsabilidad que el Gobierno local no ha tenido con el caso ITV", y, si bien no exigen la dimisión de Rodríguez de Rivera como concejal de Hacienda, sí solicitan su cese como concejal Delegado de Presidencia.
La versión del Ejecutivo local hace referencia a que "al tratarse de contrataciones menores, Rodríguez de Rivera -entonces también concejal de Hacienda-, firmó la satisfacción del servicio, ya que, de no abonar las facturas de un servicio prestado adecuadamente y avalado por la conformidad previa de los técnicos municipales, podría haber incurrido en un delito de prevaricación".
En esta línea, fuentes municipales aseguran que "fueron las concejalías de Deportes y Seguridad las que iniciaron el procedimiento de contratación", subrayando que "dichos contratos cuentan con la conformidad de la viceintervención municipal, de otro habilitado nacional, así como de cuatro técnicos municipales adscritos al área de deportes y otro técnico perteneciente al área de Seguridad".