Isabel Díaz Ayuso ha dejado el conflicto de obras de la línea Móstoles-Navalcarnero, propuestas por el gobierno Aguirre en 2009, en manos del Gobierno central. Se trataba de un ambicioso trayecto que abarcaba 15 kilómetros y se vio truncado por impago del contrato, paralizando abruptamente su construcción.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha revivido el caso del tren una vez más y, en esta ocasión, solicita que el Gobierno central abone la cuota con fondos de la UE. Del mismo modo, propone como posible solución que el tema se zanje usando una porción de los fondos europeos 'Next Generation', del gobierno de Pedro Sánchez.
El gobierno de Ayuso ya se vio obligado a pagar una indemnización millonaria a OHLA a finales del año 2021, con el propósito de poner fin a 13 años de conflictos entre la Administración pública y la empresa española de construcción, propietaria de la línea ferroviaria. El pago (sin añadir los intereses de demora), sufragado por orden judicial, se trataba de la liquidación del contrato de obra que debería haberse pagado con el gobierno de Esperanza Aguirre, en 2010. A pesar de todo, la Comunidad de Madrid trató de emplear todos los medios posibles para no tener que hacerse cargo de los pagos del tren de Navalcarnero.
Un caro viaje a ninguna parte
La suma de dinero que el gobierno de 2009 invirtió en este proyecto alcanza una cifra de más de 140 millones de euros. Posteriormente, en 2015 y 2016 se presentaron reclamaciones ante el impago del contrato y los años de paralización de las obras, exigiendo ingentes cantidades de dinero en cada una de ellas.
Actualmente, la única utilidad que se le ha podido dar a la inacabada línea de tren es la creación de ‘La Vía Verde del Guadarrama’ , una ruta sencilla para hacer ejercicio y recorrer a pie o en bicicleta, disfrutando de la naturaleza por el camino del antiguo ferrocarril.