Los vecinos de la parte de la Urbanización Calypo-Fado perteneciente al municipio de Navalcarnero denuncian "un estado de abandono" que se prolonga "desde hace años" y respecto al cual aseguran que "no se está haciendo nada". En este sentido, afirman sufrir "dejadez" en ámbitos relativos al mantenimiento y conservación de las vías y espacios públicos, así como "graves problemas" derivados de la Red de Saneamiento de Aguas Residuales, los cuales se incrementan tras episodios de fuertes lluvias, provocando inundaciones "que han empeorado durante el último año, posiblemente debido al mal estado de las aceras, llegando a los sótanos y produciendo daños continuamente".
Demandan, asimismo, una mayor participación ciudadana y que su enclave se tenga en cuenta a la hora de celebrar eventos deportivos o culturales. "Lo que pedimos es que cualquiera que aspire a gestionar el Ayuntamiento nos incluya": Hablamos en Televisión Digital de Madrid con Carlos Rodríguez, portavoz de la Asociación de Vecinos. Dale al Play para acceder al contenido íntegro de la entrevista.
Solo queremos que se nos trate como a un barrio más de Navalcarnero
Fuentes municipales sostienen que "en el acta de recepción figuran los términos de la misma acerca de cuáles son las responsabilidades que tiene el Ayuntamiento" y añaden que el Consistorio "hace mucho más de aquello a lo que está obligado, ya que se han sustituido luminarias y se ha comenzado a pavimentar aceras, en la medida de lo posible, si bien no se podrán hacer todas a la vez". Señalan que "el Ayuntamiento les aseguró que les ayudaría con el tema del agua, pero son ellos quienes tienen que solucionar primero el problema que tienen con la empresa de suministro, que es privada, porque no podemos entrar en un contrato entre partes, máxime cuando ninguno de ellos lo ha denunciado ante organismos de consumo judiciales o administrativos", y hacen hincapié en que "cuando cualquier sector, barrio o zona se urbaniza, son los urbanizadores quienes pagan esa obra realizada en aceras, alumbrado, canalizaciones, acometidas y ámbitos similares, y posteriormente el constructor o el promotor lo repercuten en el precio de compra, por lo que no parece muy equilibrado que el resto de los vecinos de todo el municipio tengan que pagar estos costes".
En cuanto a las solicitudes relativas a la vida social o participativa, indican que "no se ha recibido ninguna demanda al respecto, pero, aunque se intentan atender esas reclamaciones, lo normal en un municipio es hacer actividades donde más gente vive; no se puede trasladar el núcleo de dichas iniciativas a una zona periférica donde residen muy pocos vecinos".