El Ayuntamiento de Navalcarnero -a través de su Concejalía de Hacienda- se ha visto obligado a financiar una nueva sentencia judicial contra el Consistorio, por valor de 3.657.807,05 €, como consecuencia "de un nuevo fraude cometido por los Gobiernos del Partido Popular de Navalcarnero", a los que habrá que añadir el importe de la condena en costas cuando la misma se cifre y sea firme. El origen del problema se remonta al año 2005, cuando el entonces Gobierno municipal "vendió anticipadamente a su desarrollo el aprovechamiento urbanístico del PAU-5 (10%) a la sociedad Inmobired Madrid S.L. por importe de 3.278.570,73 €". Con posterioridad, el mismo Ejecutivo local aprobó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el año 2009, en el que el PAU-5 pasaba a calificarse "como no urbanizable de protección, entre otras consideraciones, por estar prevista una nueva vía de circunvalación (desdoblamiento de la M-600)".
El Gobierno Municipal "vendió unos derechos urbanísticos que aún no existían en el año 2005, para eliminarlos en 2009. A pesar del evidente fraude o estafa creado a la empresa adjudicataria, nunca hubo voluntad política de los Gobiernos del PP por solucionar el problema causado mediante devolución del ingreso indebido por vender algo inexistente, o mediante permuta por otros aprovechamientos urbanísticos que estuvieran localizados en suelos urbanizables. Tales actuaciones y omisiones negligentes de los entonces responsables políticos desembocaron en una demanda judicial por parte del comprador Inmobired Madrid S.L", aseguran desde Vecinos por Navalcarnero.
Es la consecuencia de un nuevo fraude cometido por los Gobiernos del Partido Popular de Navalcarnero
La deuda per cápita se incrementa en 120 euros
Ante tal situación, indican desde la Concejalía de Hacienda, "solo existía la posibilidad de que el Ayuntamiento fuera condenado, como así acaeció en la sentencia de 25 de abril de 2022, por la que se obligó al Ayuntamiento de Navalcarnero al pago de 3.278.570,73 euros en concepto de resolución del contrato de adjudicación del 10% de los aprovechamientos urbanísticos del PAU-5 del PGOU, más los intereses legales desde la fecha de la demanda, así como a la devolución del aval depositado en concepto de garantía definitiva y costas".
Como consecuencia de todo ello, el actual Gobierno municipal se ha visto obligado a solicitar estas nuevas necesidades financieras al Ministerio de Hacienda y Función Pública con cargo al Fondo de Ordenación, en tanto que la Tesorería del Consistorio no permite hacer frente a la referida sentencia, a la vez que la deuda del Ayuntamiento se incrementa en la cuantía de 3.657.807,05 euros, más los intereses que generen. Todo ello se traduce en que la deuda per cápita se incrementa en 120 euros por cada navalcarnereño.