Casi cinco meses después de las elecciones generales del 23 de julio, España tiene nuevo presidente del Gobierno. En esta ocasión han hecho falta dos sesiones de investidura para que las Cortes, que es donde reside la soberanía popular, otorguen su confianza a un candidato para formar su nuevo Gabinete. 

El primero en intentar obtener el respaldo de los 350 diputados y diputadas elegidos democráticamente fue Alberto Núñez Feijóo. Como se esperaba, no logró pasar de los 172 votos, a cuatro de la mayoría absoluta, por lo que su intento de llegar a La Moncloa fue infructuoso. 

Después, llegó el turno de Pedro Sánchez. Y el líder socialista, por tercera vez desde 2018, consiguió el respaldo mayoritario de la cámara. Este 17 de noviembre ha jurado su cargo y le corresponde la alta responsabilidad de conformar un Ejecutivo que vele por el interés de todos los españoles. 

El PSOE (122 diputados) ha conseguido alcanzar acuerdos con Sumar (31), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y CC (1). En total 179 diputados que suman 12,6 millones de votos de los españoles. Salvo con Bildu, con el resto de formaciones ha firmado y publicado de manera transparente acuerdos en los que se compromete a llevar a cabo determinadas políticas a cambio del respaldo parlamentario de estos grupos. Las cuestiones más controvertidas son la Ley de Amnistía o la condonación de una parte de la deuda a Cataluña, pero también al resto de Comunidades Autónomas. 

La derecha del Partido Popular, junto con la extrema derecha de Vox, llevan semanas intentando boicotear por cualquier vía lo que no es más que el procedimiento constitucional por el que los españoles elegimos a nuestros representantes. No es algo nuevo en la política española y ya lo sufrieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. 

Lo novedoso es que en esta ocasión están llegando demasiado lejos. Primero fueron las manifestaciones impropias de cargos públicos como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha tachado a nuestro país como una dictadura. O llamamientos imprudentes como el que hizo el ex presidente José María Aznar, que tocó a rebato con su “el que pueda hacer que haga”. Después llegaron las algaradas callejeras, los ataques a las sedes del PSOE e incluso a los diputados socialistas. Y ahora vemos con horror como militares retirados piden abiertamente que el ejército destituya por la fuerza a Pedro Sánchez… Se unen a los Guardias Civiles que han amenazado con “derramar hasta su última gota de sangre”.

El PP también aprovecha su amplio poder institucional en ayuntamientos, diputaciones y Comunidades Autónomas, para deslegitimar al nuevo presidente del Gobierno y para acusarle de romper el estado de derecho, la igualdad de todos los españoles o acabar con la separación de poderes. Y todo eso sin despeinarse y sin esperar siquiera a que el nuevo gobierno tome sus primeras decisiones. Luego acusan al PSOE de alentar la división o de tratar de despertar aquellas dos Españas que tanto daño nos hizo. 

Es la reacción de una derecha perdedora que siempre busca excusas para tapar sus fracasos electorales porque consideran que el poder les pertenece por naturaleza y les parece imposible que haya ciudadanos que nos les respalden en las urnas. Sin embargo, a pesar de los pesares, la democracia sigue su curso.