Tenemos más de 70.000 políticos en España, pero nuestra capacidad económica se merma por momentos. ¿Qué están haciendo con nuestro dinero, señorías? Cómo es posible que la vivienda, recogida como derecho en el artículo 47 de la Constitución Española, haya dejado de serlo para convertirse no solo en un negocio, sino en el eslogan de las campañas políticas. Y, si a esto le sumamos que los salarios han subido cera de un 3,4% en 10 años, mientras el nivel de vida un 30%, claro, la única palabra que se me ocurre para describir esta situación es POBREZA.
Si bien es cierto que tampoco podemos aspirar a que venga alguien a regalarnos una casa porque, al igual que la vivienda digna es un derecho, trabajar es una obligación si queremos mantener nuestro 'Estado de Bienestar'. Tampoco se entiende cómo la crisis habitacional se perpetúa por décadas, convirtiéndose en un problema endémico en España, por lo menos desde el año 2008. Lo peor es que este mal solo acaba de empezar, o eso advierte el Consejo General de Economistas.
Según las últimas encuestas del CIS, España se consolida como uno de los países donde la vivienda es uno de los principales problemas o el que más preocupa a la sociedad, situándose en cifras similares a las de 2008, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Además, según esta misma encuesta, y muy relacionado con la crisis habitacional, el segundo problema que más asusta es la situación económica que atraviesa el país y, sobre todo, los españoles, quienes consideran mermada su capacidad adquisitiva.
Así mismo, observando los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), analizados por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Madrid), nuestro país acarrea un déficit en materia de construcción de inmuebles desde 2010, con un desajuste de 741.630 viviendas.
Esta escasez de inmuebles hace que los precios del mercado se eleven a niveles estratosféricos, convirtiéndola en un bien de lujo. Al final, esto es de cajón: si la oferta supera a la demanda, necesariamente se bajarán los precios para hacerlos competitivos. Así que sí, necesitamos construir, no sé si a cascoporro, pero con el déficit que presentamos, tampoco podemos mantener las 180.000 reglas que hay para hacer obras. Necesitamos una administración ágil que permita mantener exclusivamente aquella normativa que ordene las nuevas construcciones y no permita edificar en espacios protegidos medioambiental o culturalmente. A partir de ahí, manos a la obra.
Ahora bien, párate a analizar un momento el panorama nacional. ¿Qué políticos con capacidad de gobierno han permitido liberar a las empresas de normativa para poder levantar inmuebles? La Comunidad de Madrid parece querer intentarlo con su última Ley ómnibus, aprobada en diciembre de 2024. La idea era permitir que aquellos ayuntamientos que quisieran construir viviendas se encontraran una normativa más ágil, pero claro, seguimos pasando de administración en administración y, al final, la casa sin hacer.
La Ley ómnibus modificó la propia Ley del Suelo de la Comunidad permitiendo transformar los usos del suelo para poder edificar. Sin ir más lejos, se pueden transformar suelos dotaciones en residenciales. También aprobaron convertir inmuebles de uso terciario, como oficinas que estuvieran en desuso, en viviendas. Eso sí, cumpliendo una determinada normativa.
A partir de aquí, poco más que merezca la pena destacar. El Gobierno de España sacó adelante su Ley de Vivienda que ya está viendo sus consecuencias en Barcelona. La oferta ha caído que da vértigo, los precios del mercado descendieron al principio de su aplicación, pero ahora vuelven a los niveles anteriores a la aplicación del decreto, y subiendo. Además, según encuestas realizadas por otros portales referentes como Fotocasa o Idealista, gracias a esta Ley cerca del 30% de los propietarios han decidido retirar sus viviendas del mercado, porque claro, ¿quién narices me tiene que decir a mi cómo hacer negocio con mi vivienda?
Si bien es cierto que considero que meter mano en la propiedad privada es de todo menos moral, y un paso más hacia un modelo social que me asusta, también lo es que no se debería permitir poner en el mercado, ni de alquiler ni de compra, viviendas a determinados precios, sobre todo cuando los propietarios intentan aprovecharse de las rentas bajas para disponer zulos a precios de palacios. Tenemos mil normas para construir y prácticamente ninguna para prohibir engañar a la gente con inmuebles indecentes, ¿dónde quedó la coherencia? Os invito a analizar un día algunas de las viviendas en alquiler que aparecen en los portales inmobiliarios, y porque no tengo 'Cuerpo' para hablar de las habitaciones en alquiler, porque es para echarse a llorar.
Sí, este es un mensaje para el ministro de Economía, quien ha advertido que el problema de la vivienda va para largo. Y claro, yo me pregunto, ¿tú qué vas a hacer para que al menos mejore nuestra capacidad económica, rey? No me vale con la subida del SMI, ya que los 50 euros que me habéis subido, me los vais a quitar por otro lado. Hecha la ley, hecha la trampa.