El Partido Popular, antes incluso de la investidura fallida de su líder Alberto Núñez Feijóo, ha dispuesto toda su ‘artillería’ política para dificultar al máximo posible que el Congreso de los Diputados apruebe la investidura de Pedro Sánchez. Y no ha dudado en traspasar algunos límites. 

Llevamos semanas en las que los populares han obligado a los plenos municipales de los ayuntamientos de nuestra región a posicionarse a favor o en contra de una hipotética ley de amnistía. Con ello no solo utilizan de manera partidista los órganos de representación locales, sino que también olvidan el verdadero objetivo de éstos que no es otro que debatir y buscar soluciones para las cuestiones más cercanas de los ciudadanos, de sus barrios y de sus calles. 

En aquellas ciudades donde cuenta con mayoría absoluta y en esas otras donde la completan con los votos de la ultraderecha de Vox, los populares han aprobado un texto que conmina al actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que se abstenga en aprobar una amnistía para los políticos catalanes involucrados en el ‘procés’ de Cataluña. Así ha ocurrido en Madrid Capital, Móstoles, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo, Majadahonda, Torrejón… Además, han utilizado estos debates para arremeter contra todos los líderes locales del PSOE a quienes acusan de votar en contra de la igualdad de todos los españoles, de plegarse a las exigencias de golpistas o de ser títeres de su secretario general. 

En municipios como Fuenlabrada, sin embargo, donde el PSOE cuenta con una amplia mayoría absoluta, los socialistas han tumbado la moción del PP y han contrarrestado con una moción en la que apuestan por el diálogo y la convivencia. 

Mención aparte merece lo ocurrido en Leganés, donde el PP, en coalición con ULEG, forzó un pleno extraordinario para votar su moción y perdió ya que no tuvo ni el respaldo de su socio de Gobierno. 

La Asamblea de Madrid también ha sido utilizada por el PP para arremeter contra el PSOE y sus intentos de seguir en La Moncloa para lo que precisa de acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas. 

Está claro que el debate está abierto y debe producirse, pero en el PP equivocan las formas y el lugar en el que debatir. Todo esto forma parte de la política nacional y es el Congreso de los Diputados el foro adecuado para hacerlo. Hemos asistido ya a un primer intento de formar gobierno, que ha fracasado. Dejen ahora que lo intente otro, que lleve a cabo las negociaciones y los pactos que considere y que nos lo cuente luego a todos. Después, si alguien traspasa los límites de la Constitución que lo pague.

En el PP deberían ejercer el patriotismo y el constitucionalismo del que pregonan y dejar que la democracia transcurra por los cauces normales que dicta nuestra Carta Magna. Esta utilización partidista de las instituciones hace un flaco favor a la convivencia. El PP ha convertido a los municipios madrileños en arietes contra Cataluña y más les valdría que defiendan para este país un proyecto de futuro en el que cojamos todos, también los catalanes.