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OPINION | ¿Nadie se acuerda de los viajeros del Cercanías?

PP y PSOE se centran en el reparto de culpas y en una interminable guerra de cifras sobre inversiones

PP y PSOE se centran en el reparto de culpas y en una interminable guerra de cifras sobre inversiones

Las incidencias del servicio dejan 'tirados' a miles de viajeros a lo largo del año.

Imagen: SoydeMadrid

El Tren de Cercanías es uno de los sistemas públicos ferroviarios más efectivos y baratos de todos los que funcionan en nuestro país. Cuando funciona bien es eficaz, rápido, económico, confortable, seguro… pero solo cuando funciona bien. 

 

En 2017, la red sufrió más de 4.000 incidencias lo que supuso contratiempos en más de cuatro millones de trayectos y miles y miles de minutos perdidos en los más de 250 millones de viajes que se producen cada año. De 2021 a 2023, esas incidencias se situaron en 1.532 (447 en 2021, 375 en 2022 y 710 en 2023). Solo por recordar, en 2017 gobernaba el PP y desde 2018 la gestión es responsabilidad del PSOE. Todos, desde la oposición, han criticado la gestión de la red de Cercanías y han aprovechado las incidencias para atacar al rival político. 

 

Esas cifras tienen una cosa en común, los que sufren esas incidencias son siempre los viajeros de los que nadie quiere acordarse cuando un tren les deja tirados de camino a su trabajo o a su centro de estudios. 

 

Llevamos años viendo cómo PSOE y PP se reprochan la falta de inversión o la mala gestión, motivo por el que creen que se producen las averías. Pero ¿Quién tiene la razón, si es que alguien la tiene al completo? 

 

No nos queda otra que echar un vistazo a las cifras, pero necesitamos que alguien nos las explique de manera lo más objetiva posible. Pues resulta que, en 2018, la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) publicó un extenso informe sobre el transporte ferroviario que nos podría ayudar. 

 

Aquí va otra cosa en común: Todos los Gobiernos desde 1990, del color político que sea, han apostado claramente por la red de Alta Velocidad, dejando en un segundo plano la red de Cercanías. Entre 1990 y 2018 la inversión total en los 12 núcleos de Cercanías que hay en España fue de 3.600 millones de euros; mientras que la Alta Velocidad se llevó 55.888 millones de euros. Debe ser que los políticos prefieren inaugurar líneas de AVE que estaciones o líneas “de andar por casa”. Pero son éstas las más utilizadas con muchísima diferencia. 

 

En todas estas décadas hemos visto anunciados a bombo y platillo planes de inversión que nunca llegan a ejecutarse mínimamente. Entre 2007 y 2009, por ejemplo, se presentaron tres grandes proyectos para Barcelona, Madrid y Valencia que prometían una inversión conjunta de 12.400 millones. La realidad es que solo se gastaron 701, un 5,5% de lo previsto. 

 

Y así, año tras año, los trenes van envejeciendo y dando más problemas y las estaciones se deterioran lo que redunda en un empeoramiento del servicio. 

 

Mientras que unos y otros debaten sobre cifras, inversiones, proyectos, incumplimientos y demás politiqueos hay personas en alguna estación esperando a que llegue su próximo tren y cruzando los dedos para que no se estropee nada que les impida volver a casa tras una larga jornada de trabajo. 

 

Lamentablemente parece que así seguiremos en los próximos años, a no ser que en algún momento nuestros políticos acepten de una vez que deben poner por delante de cualquier otra consideración el interés ciudadano

 

Necesitamos que alguien proponga un pacto de Estado, que otro alguien lo acepte y lo firme y que por fin, los viajeros de Cercanías tengan quien les quiera. 

 



Comentarios
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19/12 12:09 horas
Dejé hace meses de esperar "en alguna estación" o de verme "transbordado" en alguna otra no prevista porque ya era insostenible. Ahora soy usuario de los autobuses interurbanos. Invierto casi media hora más en cada uno de mis dos recorridos diarios pero al menos tengo cierta certeza respecto a mi horario de llegada, que "sólo" se ve alterado por la congestión. Una pena. La futura Ley de Movilidad Sostenible debería incluir la financiación estatal necesaria, justa y equitativa, para el caso de una posible transferencia en la gestión.

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