El grave problema de acceso a la vivienda asequible que sobre todo afecta a los jóvenes y a las familias más vulnerables se ha convertido en el verdadero caballo de batalla de nuestros políticos que aprovechan la menor ocasión para tildar de ambicioso, histórico, importantísimo cualquier plan que presentan ya sea desde la Administración Central o desde las Autonomías.
A las puertas del verano, entre disputas legales, acuerdos de financiación difíciles de entender y leyes ómnibus aún más complicadas, el presidente del Gobierno anunció un nuevo megaplan para construir o rehabilitar alrededor de 43.000 viviendas destinadas al alquiler asequible y dotado con 6.000 millones de euros en préstamos y avales.
Según Pedro Sánchez, una parte de los miles de millones que se destinarán para este nuevo plan, irán destinados a promotores públicos y privados para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o precio asequible energéticamente eficientes. Y otros 2.000 millones serán para avalar "de forma gratuita" hasta el 50% de estos préstamos.
Cualquier joven que escuche a nuestros políticos hablar del Plan Vive, del plan de construcción de viviendas, de los planes de avales para jóvenes, de los planes de los planes... podrán pensar que en los próximos meses y años tendremos "viviendas para todos" al igual que el gran Iniesta nos decía aquello de "Kalise para todos". Si todas estas políticas salen adelante tocaremos a dos casas por cabeza. Pero la realidad es mucho más dura de lo que quieren hacernos ver nuestros representantes públicos.
Respecto a este último plan gubernamental se generan más dudas que certezas analizando lo que nos han contado hasta ahora. Es verdad que hay novedades, pero quizás no sean positivas. No se entiende el papel del ICO que parece que será prestador y avalista al mismo tiempo; no hay detalles de posibles beneficiarios, del lugar en el que estarán las viviendas, de su tipología... esperemos que nos las resuelvan en los próximos meses.
Son tantas las dudas que hasta Sumar, socio del Gobierno de coalición, ha criticado abiertamente este plan y lo rechazan porque creen que se trata de una política que financia y cede suelo público para que las empresas hagan negocio. Para los de Yolanda Díaz la urgencia está en "ampliar el parque público para acercarnos al 9% de la media europea pero disponer de un Estado emprendedor que lo gestione eficientemente sin necesidad de externalizar a inmobiliarias privadas".
Del Plan Vive de la Comunidad de Madrid que considera asequible un alquiler de cerca de 1.000 euros al mes ya casi ni hablamos. Decirle a un joven que necesita más de 2.000 euros de ingresos mensuales para optar a estas viviendas es simplemente tomarles el pelo.