En un comunicado, el Grupo Municipal de Ciudadanos Pinto ha compartido que, en el pleno del Ayuntamiento de Pinto, defendió “el castellano como lengua vehicular de la enseñanza”, como respuesta a la Ley Celaá o LOMLOE, que el partido considera un ataque a dicho idioma.
“La eliminación del castellano como lengua vehicular es inconstitucional y supone una vulneración de los derechos de los ciudadanos españoles, todos ellos castellanohablantes, y atenta directamente contra valores como la libertad y la igualdad”, defendió la portavoz de Cs, criticando que “la contrapartida de Pedro Sánchez a ERC y a los nacionalistas para aprobar los Presupuestos sea la supresión de la lengua común de todos los españoles”, declaró Nadia Belaradj Moya, portavoz de Ciudadanos en el municipio.
Ciudadanos pide que los ayuntamientos se posicionen
En esta línea, Belaradj señaló la necesidad de que “los Ayuntamientos se impliquen directamente para exigir al Gobierno de España que no acceda al chantaje de los que quieren separar a los españoles, rectifique y retire la reforma de la Ley Celáa”. También solicitó unidad al resto de partidos del pleno y su apoyo a esta iniciativa.
“El Gobierno está a tiempo de evitar tachar la lengua oficial de nuestro país de la Ley de Educación. Es un ataque a los cimientos de nuestra sociedad que no podemos permitir y que sólo con unidad podremos defender”, concluyó la portavoz de Cs.
La controvertida ley fue aprobada el pasado jueves 19 de noviembre en el Pleno del Congreso, pero las movilizaciones contra ella no cesan. Votaron a favor el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. El texto obtuvo 177 síes, mayoría absoluta en la Cámara, requisito que necesitaba para su aprobación al ser una modificación de una ley orgánica.
En la bancada de los noes estaban PP, Cs y Vox, CC, la CUP, el PCR y UPN. El texto aprobado recoge enmiendas como la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza o la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares. Estas premisas, que ya habían llevado a un fuerte debate político y social durante las semanas anteriores a su aprobación, serán llevadas al Tribunal Constitucional, según anunciaron PP, Cs y Vox.